Los 12 alumnos mayores de edad del Instituto Educativo Central Técnico de Quito que fueron detenidos el pasado viernes por participar en una protesta que dejó daños a la propiedad pública y privada continúan apresados en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Pichincha, a la espera de la audiencia de juzgamiento que se realizará el próximo 23 de marzo.

Los abogados de estos jóvenes indicaron que en las próximas horas solicitarán una audiencia de sustitución de medidas cautelares.

Patricio Armijos, abogado de varios de los jóvenes detenidos, afirmó que los “excesos” ocurridos en el norte de Quito podrían solucionarse pidiendo disculpas y reparando los destrozos materiales.

El pasado viernes, en horas de la mañana, un grupo de estudiantes del Instituto  Educativo Central Técnico de Quito realizó una movilización para rechazar un supuesto cambio de nombre de la entidad.

Los jóvenes criticaron -además- que, según ellos, se reducirían las horas de las materias técnicas para dar paso a una mayor carga en las cátedras teóricas.

Con el pasar de las horas, la protesta fue tomando tintes violentos, al punto de que los participantes provocaron daños a bienes públicos (semáforos y discos “Pare”) y particulares.

Luego de los incidentes se pudo calcular el perjuicio a los bienes en 1.706 dólares. Esta cifra incluye los destrozos que se registraron en restaurantes y en 6 motos de la Policía Nacional.

Como resultado de estos hechos se detuvo a 12 alumnos mayores de edad y a 55 menores de edad. Estos últimos fueron liberados horas después, pero se los sancionó con 7 días de servicio comunitario y con una libertad asistida de un mes.

Según Armijos, los que aún están apresados podrían ser procesados bajo la figura de “rebelión” y que, en caso de hallarse responsabilidades, podrían cumplir penas de 3 meses a un año de prisión.

Por su parte, los padres de los manifestantes menores de edad están preocupados por la posibilidad de que sus hijos sean expulsados del colegio.

La viceministra de Educación, Mónica Franco, anunció ayer que Édgar Huilca es el nuevo rector en la unidad educativa. “Si el señor rector (el removido) no estaba conforme con la resolución del cambio de nombre o no tenía la claridad de por qué se emitía la resolución, no tenía que ir curso por curso con los estudiantes a protestar por una resolución. Debió acercarse inmediatamente a hablar con el director del distrito a pedir información o aclaración”, manifestó la funcionaria.