Una indemnización de hasta 150 salarios básicos unificados (39.600 dólares) recibirán los servidores públicos que, a través del Decreto Ejecutivo 813, sean cesados con el propósito de optimizar el recurso humano y mejorar la calidad de los servicios.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, explicó que es  facultad del Presidente de la República decidir la compra de renuncias obligatorias a cualquier funcionario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47, literal k, de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Para la reestructuración del Estado, el Gobierno cuenta con un presupuesto de 160 millones de dólares, de los cuales 44 millones se destinarán a la jubilación de 1.121 funcionarios que superan los 70 años y que han cumplido con la Ley de Seguridad Social.  

Espinosa reiteró que el decreto busca el bienestar de toda la ciudadanía y que la compra de renuncias se aplicará a los funcionarios que no hayan demostrado su idoneidad para el cargo que desempeñan. El decreto establece que las instituciones públicas podrán iniciar procesos de compra de renuncia obligatoria a los servidores de carrera, otorgando una indemnización -por una sola vez- de cinco salarios básicos del trabajador privado por cada año de servicio.

La propuesta no satisface a los empleados estatales, quienes consideran que es una amenaza a la estabilidad laboral. El presidente de la Federación de Servidores Públicos de Pichincha, Miguel García, dijo que más allá de las indemnizaciones quieren mantener su trabajo.

“¿De qué nos sirve estar capacitados, ser honestos en nuestro trabajo, si en cualquier momento pueden obligarnos a renunciar? La ley ya establece mecanismos para cesar en funciones a las personas mayores y a quienes no cumplen la evaluación, pero con el decreto 813 expedido por el presidente Correa todos estamos en riesgo”, anotó.

La noche del miércoles la Federación de Servidores Públicos del Ecuador analizó el tema y no descartaron una paralización nacional e indefinida si el Gobierno insiste en aplicar el decreto.

No obstante, García reveló que están dispuestos a dialogar con el presidente Rafael Correa para conocer las razones que motivaron su decisión. “Si en un diálogo directo el Presidente nos convence de que esa medida traerá beneficios para los servidores públicos, nosotros comprenderemos y desistiremos, pero ahora lucharemos por nuestro derecho al trabajo”, manifestó.

Para detener la aplicación del decreto 813, este sector laboral apelará ante la Organización Internacional del Trabajo. El dirigente dice no confiar en las decisiones de la Corte Constitucional, pero reiteró que la medida más viable será dialogar con el Jefe de Estado.

El ministro Espinosa indicó que la compra de renuncias será un mecanismo en donde la autoridad con su equipo técnico evaluará la idoneidad del servidor público, en cuyo caso, podrán ser reemplazados a través de un concurso de méritos y oposición.

La Losep, dijo, determina que    si una autoridad permite que un funcionario otorgue un nombramiento sin un concurso de méritos y oposición, o éste sea amañado, no sólo que se destituye a la máxima autoridad, sino también a la persona que entró por la ventana y el servidor público tiene que devolver todas las remuneraciones que recibió desde que ingresó hasta que fue destituido y serán responsables solidarios de ese pago las autoridades que permitieron el ingreso.