La Secretaría Nacional del Migrante (Senami) y la Fiscalía General del Estado ratificaron que el Estado sí ha cumplido con las medidas de protección, seguridad y ayuda a Freddy Lala Pomavilla, único sobreviviente de la masacre en Tamaulipas, México, ocurrida el año pasado y en la que murieron 72 personas que intentaban ingresar en forma irregular a Estados Unidos.

El ecuatoriano, quien sobrevivió a la masacre por parte de la banda de narcotraficantes Los Zetas, dijo el viernes que él y sus padres retornaron al Ecuador en contra de su voluntad y con promesas de vivienda, trabajo y protección, y que sin embargo nada se ha hecho realidad.

Con documentos en mano, la titular de la Senami, Lorena Escudero, rechazó ayer las declaraciones de Lala, al señalar que se ha apoyado a los afectados, que el Estado ha actuado como procede para proteger la vida de él y la de su familia.

Recordó que el Gobierno no solo envió el avión presidencial para traer al testigo, sino que se gestionó la repatriación de parte de la familia que residía en Estados Unidos,  consiguió trabajo para ellos y entregó dos casas de 120 m2 cada una.

Asimismo, resaltó el papel del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía en este caso, quienes están trabajando en la protección de la familia e incluso entregaron los muebles de las mencionadas viviendas para aportar a una vida digna de los afectados.

“No se dejen llevar por cantos de sirenas de personas inescrupulosas que quieren conseguir dinero”, dijo, al acusar al ex principal de la Senami William Murillo de estar detrás del tema, de engañar a la familia del ecuatoriano y hasta de intentar extorsionarla.

Escudero fundamentó su acusación al exhibir un comprobante de una transacción del Banco de Guayaquil,  de una cuenta que se abrió para ayudar económicamente a la víctima. Resulta que la cuenta era de Murillo.

En tanto el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, desvirtuó las declaraciones del ciudadano Lala Pomavilla sobre un supuesto retiro de ayuda y protección de parte del Estado a su familia.

Pesántez apuntó que Lala Pomavilla ha recibido 72.000 dólares para su protección y lamentó que un medio de comunicación (Teleamazonas) haya difundido cosas que se alejan de la realidad. “Debo decirlo con claridad. Hasta el momento la Fiscalía ha dado 72.000 dólares para proteger a la víctima y a su familia”, enfatizó, al tiempo de precisar que  ese dinero cubrió gastos de vivienda, alimentación, gastos médicos, supervivencia y protección policial, entre otros.

Asimismo, destacó que aunque no fueron observadas algunas normas del Programa de protección de víctimas y testigos, Lala Pomavilla continúa siendo parte del mismo.