Por realizarse el examen psicosensométrico para renovar su licencia, a Rafael Alquinga, de 41 años, le cobraron 20 dólares en la escuela de conducción privada Condufácil, ubicada en la urbanización Biloxi, calles Gmoiner S18-175 y Angamarca, al sur de Quito, junto a la Unidad de Vigilancia Sur (UVS).

Rafael debió efectuarse el examen porque en las oficinas de la Agencia de Tránsito de la UVS le dijeron que sin ese requisito no le pueden tomar las pruebas teóricas para renovarle la licencia no profesional (tipo B).

Personal de esa agencia  le indicó que en la cuadra de más abajo, junto a una panadería, realizan las pruebas. Entonces, resignado a tener que pagar un rubro adicional a la especie de la licencia, se dirigió al sitio, en donde lo atendió Gerardo Egas, quien en 15 minutos le hizo el test de visión y audición, de punteado, de palancas y de reacción simple.

Rafael aprobó todo y salió contento, sin saber que ese examen psicosensométrico no es obligatorio. Existe un memorando emitido por la Dirección de Tránsito que prohíbe aquello hasta que todas las agencias dispongan de los aparatos para realizar las pruebas sin costo para los usuarios. Justamente para este propósito se invirtieron tres millones de dólares del erario público para comprar los equipos.

Como las agencias de tránsito no disponen de equipos  para tomar exámenes psicomotrices, auditivos y visuales, escuelas privadas de conducción como Condufácil están obteniendo ingentes ganancias cobrando 20 dólares por persona. Atiende un promedio diario de 40 usuarios, lo que le deja 800 dólares, desde noviembre en que instalaron una oficina junto a la UVS.

Esto pese a la prohibición expresa de no exigir la prueba  psicosensométrica a los conductores de 18 a 65 años, excepto a quienes tienen que renovar licencias profesionales y a los mayores de 65 años de edad.

Carlos Drouet, director de la Agencia de Tránsito de Pichincha, admite que eso no ocurriría si estuvieran instalados los equipos que fueron comprados en 3 millones de dólares y que están embodegados porque no se dispone del software adecuado.

Mauricio Peña, actual director ejecutivo de la ANT, dijo que hace dos meses dispuso la puesta en operación de esos equipos, pero que en los últimos días recién fue informado de que por la falta de un sistema operativo estos aparatos no pueden entrar en funcionamiento.

“Estamos tomando medidas para ponerlos en operación. También solicité una investigación respecto a los responsables de por qué este sistema no fue contratado al mismo momento en que se adquirieron los equipos”, indicó.

Consultado sobre cómo evitar que sigan lucrando las escuelas de conducción, respondió: “Vamos a investigar estas denuncias, evidentemente que los exámenes deben ser efectuados por la ANT. Estas acciones, que están fuera de la norma, las vamos a investigar y sancionar”. Respecto al lugar en que están embodegados los equipos, Peña señaló que “se están haciendo las pruebas para garantizar su funcionamiento”.

Raúl Rivera, director de Condufácil, admite que ellos y Aneta realizan pruebas a quienes buscan renovar las licencias y que todo el dinero va en beneficio de esas empresas. Aclaró que lo hacen en base al artículo 94 de la Ley de Tránsito, que estipula que “obligatoriamente se establece la rendición de pruebas: teórica, psicosensométrica y exámenes médicos, para todos los conductores que van a obtener por primera vez su licencia, renovarla y/o ascender de categoría...”.

Aseguró que el jefe de la Agencia de Tránsito de la UVS jamás le previno que había una prohibición. Asimismo, negó que Ricardo Antón conste entre los accionistas de Condufácil, que tiene cinco años de vida y que se formó con un capital de 10.000 dólares.

Equipos son herencia de Ricardo Antón

Respecto a la adquisición de los equipos psicosensométricos, El Telégrafo conoció que se lo hizo en base a un contrato firmado por Ricardo Antón, ex director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Cntttsv), hoy llamado Agencia Nacional de Tránsito (ANT), pese a que el Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop)  le hizo observaciones, tras una supervisión, cuando estaba en la fase precontractual.

Según la carta No. 152-10 del 23 de noviembre del 2010, recibida en el Incop, el gerente de la empresa Petrinovic y Cía. Ltda, Mauricio Petrinovic, hizo  llegar a la misma ANT (entidad contratante), entre otras, la siguiente observación: “Las características solicitadas para el bien ofertado no cumplen con ninguna norma exigida por cualquier laboratorio internacional de seguridad eléctrica”.

Debido a que la ANT dejó de responder preguntas sobre información técnica, económica y legal en cuanto a ese contrato, el Incop le dijo a Antón: “Le recordamos que el segundo inciso del artículo 15 de la Ley de Contratación Pública obliga al Incop a informar a la Contraloría General y a la Procuraduría General cada vez que conozca del cometimiento de infracciones”.

Pese a ello, Antón contrató la compra de los equipos por la suma de 3  millones de dólares, los que ahora están guardados porque no serían los adecuados y no se dispone del programa computarizado necesario.

Detalles técnicos

Los equipos adquiridos por la ANT son “AGX”, con los que realizar una prueba a cada persona toma mínimo 30 minutos, en el mercado tienen un valor promedio de 15.000 dólares cada juego, compuesto por un visiómetro, computadora que se maneja con un sistema y un programa determinado para dar automáticamente los resultados de los exámenes y una impresora.

Para Raúl Rivera, las máquinas adecuadas deberían ser las Petrinovic, ya que son más confiables y rápidas para las pruebas: de 10 a 12 minutos máximo por persona.

Esta supuesta irregularidad se sumaría a la que ya enfrenta Antón por la contratación de chalecos que, según el Incop, se hizo de manera incorrecta.