¿Cuál es su postura frente a la  pregunta que plantea la creación de una Ley de Comunicación y un Consejo Regulador?

Nosotros defendemos que la Asamblea tramite la Ley de Comunicación, la cual debe poner en práctica lo que ya consta en la Constitución. Pero de cara a la consulta popular, la pregunta que expresa la creación de un organismo regulador, me parece que va a en contra de lo que establece la misma Constitución. La Carta Magna no da lugar a esta pregunta, entonces me parece que hay una discrecionalidad para establecer un espacio donde hay representación del Ejecutivo para controlar. Yo creo que esa pregunta contradice muchísimo lo que establece el marco jurídico internacional y el marco que deben tener en cuenta los periodistas. Mi criterio es que esta pregunta está en contradicción con la Constitución. En el caso del sector indígena y el mío en particular votaremos no. No estamos de acuerdo con esa pregunta ni con el resto. La Justicia y la comunicación son los ejes de la consulta.

¿La creación de un Consejo Regulador vulneraría algún artículo de la Constitución? ¿Cuáles serían estos?

La creación de un Consejo ya está en la Ley de Comunicación. Muchos comunicadores proponían que ese Consejo pueda tener una representación plural y obviamente del Ejecutivo, pero de ninguna manera una mayoría. Debe ser una entidad bastante equilibrada. Pero que sea la ley de Comunicación la que defina en qué va a consistir este Consejo Regulador. Si en este momento, en la consulta, se preguntara si se está de acuerdo con un Consejo Regulador por supuesto que daría mucho que decir porque no precisa cuáles van a ser sus  competencias y facultades, de modo que va a quedar a discrecionalidad del Ejecutivo. Eso me parece gravísimo porque va a atentar contra  las libertades individuales.

Y obviamente va a afectar más a los medios que no son gubernamentales, comunitarios y privados en general.

Teniendo en cuenta que la misma Constitución ordena la elaboración de una Ley de Comunicación, ¿cómo sería una norma idónea, según su criterio?

Primero, una Ley de Comunicación debe estar apegada a lo que dice la Constitución y el marco internacional. En segundo lugar, la ley debe viabilizar las garantías constitucionales. Por ejemplo, que todos tenemos derecho a expresarnos libremente y crear mecanismos de control, no solamente para un sector de los medios sino también para los medios gubernamentales. Que conste claramente la prohibición de los monopolios y oligopolios, cosa frente a la cual, en este momento, se ha hecho caso omiso, ya que  ahora hay un monopolio gubernamental. La Ley de Comunicación debe reflejar las necesidades reales y las garantías constitucionales. Una ley tan fundamental debe tener los criterios de todos los sectores en función de las garantías que da la Constitución. Por ejemplo, de los sectores sociales. La Carta Magna les garantiza a ellos el acceso a medios de comunicación. El Estado tiene la responsabilidad de facilitarles el acceso. En fin, una Ley de Comunicación no va a salir de la nada. Toda ley debe centrarse en lo que dice la Constitución. La Carta Magna ya establece los parámetros, los límites, las sanciones de todo el sector de la Comunicación.

La misma pregunta pone como objetivo evitar contenidos violentos que afecten a los niños y adolescentes. ¿Cómo deben regularse entonces dichos contenidos en los medios?

Eso ya está establecido. La Constitución nuestra es bastante extensa en esta parte. Se expresa claramente que está prohibido que los medios de comunicación puedan direccionar programas que promuevan e inciten a la violencia, al seximo, al racismo, al machismo y se estipulan cuáles serán las sanciones, y los castigos deben estar en la Ley de Comunicación. No tiene sentido inventarnos una nueva ley o un nuevo Consejo para poder regular. Yo creo que hasta aquí los medios saben que hay una Constitución en donde se establece cuáles serían las sanciones. Por sentido común está prohibido esto. Los medios deben promover la equidad de género, la interculturalidad. En el caso de que haya programas o medios  que hagan lo contrario, la ley debe sancionarlos. Tenemos suficiente marco legal para  pedir que se sancione cuando sea necesario. Pero no solamente a los medios privados, sino   al poder, al Ejecutivo. No es necesario un Consejo que no sabemos qué tipo de regulación va a tener o quiénes lo van a presidir.

Pero la misma Constitución de la República ordena a la Asamblea crear la Ley

Claro, la Constitución en la transición, o incluso en su mismo cuerpo, establece cuáles son las leyes prioritarias que deben crearse y hay un plazo establecido (el régimen de transición establece un año para la elaboración de todo un paquete de leyes). Que no se haya cumplido dentro del plazo no es pretexto para someter el asunto a una consulta donde se establece un Consejo de Regulación discrecional. El peligro es muy alto y no podemos arriesgarnos a confiar en las intenciones del Gobierno.

Cuando se instaló la Asamblea Constituyente, uno de los debates giraba en torno a frenar  los excesos de los medios de comunicación, dado -según varios asambleístas- su sensacionalismo, sesgo político y conflicto de intereses. ¿La Ley no contribuiría con este objetivo?

La ley de Comunicación debe estar en función de las garantías y principios constitucionales. Allí se establecen los límites y responsabilidades de los medios y periodistas. La Ley de Comunicación tiene que garantizarnos a los ciudadanos seguridad para que pueda haber investigación, a los periodistas y a los medios, la pluralidad y la democracia en todos los aspectos. Por eso es tan importante la Ley de Comunicación. La pregunta del Consejo Regulador va a ser un cheque en blanco para el Ejecutivo. No sabemos qué alcance va o puede tener.

Yo creo que es un error gravísimo de la Asamblea Nacional, es una responsabilidad de ellos el no haber aprobado en el plazo establecido la ley, no haber tenido la capacidad para consensuar con todos los sectores involucrados en función de que  se aprobara. De modo que ahora estamos yendo a las urnas para aprobar las famosas preguntas que ponen en riesgo las libertades