El sonido de los disparos ya no le asusta al escucharlo de día, a pesar de que confiesa que muchas veces se “cuela”  en sus sueños y lo ha hecho despertar sobresaltado. 

Cuando le sucede -que  suele ser una o dos veces cada mes- Carlos G. se levanta de su cama y, sin dudarlo, ingresa al dormitorio en donde descansan sus cinco hijos para cerciorarse de que estén a salvo. Toma un vaso con agua bien fría y mirando desde la ventana, sin cortinas, de su casa -que él  construyó con tablones de madera- repite para calar en su cerebro: “Tranquilo, esto no es Tumaco, estamos en Ecuador”.

Carlos vive en el barrio Luis Cevallos II, que comprende un sector de más de 30 hectáreas, en donde más de 100 familias de colombianos se apropiaron de los terrenos de manera ilegal. “Huimos de la violencia” es el eco común que se escucha entre los moradores de ese barrio de calles de arena en San Lorenzo (Esmeraldas), que es la frontera norte con Colombia.

No es el único barrio en donde viven solo colombianos. Hay otros como Nueva San Lorenzo, en donde un grupo de sacerdotes combonianos se tomaron 17 hectáreas de terreno y las entregaron a los refugiados. En todos estos lugares, los moradores tienen algo que contar.

Óscar C. va a cumplir un año en suelo ecuatoriano. Llegó el pasado 18 de julio y en el barrio Luis Cevallos II construyó de cemento su “ranchito”, como llama a su nuevo hogar.

“Me trajo acá la violencia y la extorsión”, dice. En Tumaco tenía un taller de cerrajería, mientras que su esposa trabajaba en una empresa en donde tenía 35 trabajadores a su cargo. Ella fue quien -primero- recibió varias llamadas telefónicas amenazadoras, pese a que continuamente cambiaba su número de celular. “Le decían que le iban a poner una bomba en su puesto de trabajo”, recuerda Óscar.  

Ella no tuvo más opción que retirarse de su trabajo. Comenta que luego quien recibió llamadas fue él y le pedían 300.000 pesos (150 dólares) a cambio de su vida. A su hija, de 15 años, casi fue secuestrada. Los denunció en el  Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). Huyó de la zona.

En el muelle de San Lorenzo, las pequeñas embarcaciones a motor llegan y salen. La mayoría de quienes arriban provienen de Colombia, indica Eduardo P., quien vende gasolina artesanal (una mezcla de diésel y aceite) a 0,95 dólares el litro para el motor de las lanchas. Tomar fotografías en el muelle no es sencillo, incluso los propios policías alertan: “Cuidado, aquí a la gente no le gusta que los retraten”. Para ellos, llegar al Ecuador es sencillo y relativamente barato. Una hora y media les toma hacerlo y el pasaje cuesta 12 dólares desde el puerto de Tumaco  hasta el puerto esmeraldeño de San Lorenzo.

El alcalde de este cantón, Gustavo Samaniego, muestra las cifras. Las estadísticas de enero de este año revelan que solo en esa jurisdicción hay más de 12.000 colombianos “y aún siguen llegando”, dice el burgomaestre, pues explica que de cada diez personas que llegan a ese suelo, seis se quedan. “Nos llegan 50 familias diariamente, de ellas, un 60% se queda a vivir aquí”. Afirma que algunos no son regularizados mientras que otros -por temor- prefieren no censarse. 

Por esta razón, Samaniego enfatiza que -a ratos- la situación se desborda en San Lorenzo y que es difícil el control migratorio, “porque es una frontera abierta”. Para él es necesario que en Colombia se les brinde alternativas a los refugiados y emigrantes para regresar a ese país, “pero ven que hay poco interés”.

Sandra T. (36 años) llegó en 2002. “La violencia en Colombia nos acorrala demasiado. Hay violencia y maltrato”, asegura. La caleña vive con su hija, pero en Colombia dejó otros tres. Está tranquila: “Doy gracias a Dios de que en Ecuador me hayan brindado tranquilidad, aquella que no tuve en mi propio país”.

A ella le llama la atención que en San Lorenzo los niños pueden jugar en plazas y parques. “Allá no, a los padres nos toca estar pendientes, porque en el momento menos pensado aprenden cosas malas”.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), actualmente viven en el país  alrededor de 56.000 refugiados reconocidos por el Gobierno del Ecuador, es decir el 98% es de personas colombianas que han huido del conflicto armado en su territorio. El 60% de ellos vive en zonas urbanas y cerca del 70% son mujeres, infantes y adolescentes. 

La entidad estima que en el  país existe un flujo creciente de entrada de población refugiada, por ello consideran que alrededor de 1.200 personas al mes entran a Ecuador, especialmente por la frontera norte.

También en la zona está Plan Ecuador, que según el contralmirante Fernando Zurita, trabaja en los  primeros 40 kilómetros desde la frontera norte con Colombia. En El Encanto, en donde hay un 90% de colombianos, mejoraron la escuela. El uniformado indica que con el Consep van a realizar el próximo año una estadística para conocer cuántas personas están de manera irregular. En Esmeraldas se invierten 17 millones de dólares para atender a este colectivo humano.  

Patricia G. tiene siete hijos. Ella y su esposo no gozan de un trabajo fijo. Dicen que para los colombianos refugiados conseguir un trabajo estable es complicado. Ambos laboran “tirando machete” como definen al oficio de desyerbar.

Por eso recibe de entre 5 a 10 dólares  por cada jornada, cuenta la mujer mientras prepara una sopa de plátano para alimentar a sus siete hijos. Vive ya 8 años en San Lorenzo. En Colombia, vivió en Llorente (Tumaco), en donde sostiene que la violencia era intensa. “Ponían bombas y destruían barrios enteros”.

Rosa T. (36 años)  llegó con sus padres de Colombia cuando apenas  tenía dos meses de nacida. A los 18 años decidió regresar a ese país, pero por la violencia que se vive tuvo que regresar. Ella llegó cuando empezaron los enfrentamientos entre los grupos armados irregulares y la Policía en Tumaco.

En San Lorenzo se siente feliz, “aquí uno se acuesta a dormir y no hay bulla de fiestas o peleas”.  Al inicio alquilaba, “pero la vida está muy dura y no podemos estar gastando platita en arrendar”. Así  justifica la decisión de asentarse en un barrio irregular.

El Municipio de San Lorenzo cuenta con un presupuesto de 5 millones de dólares anuales. De ellos, el 75% lo invierten en gasto corriente y un  20% en gestión de apoyo a los refugiados. Por ejemplo, en los barrios  Luis Cevallos II y Nuevo San Lorenzo les dotaron de luz eléctrica y se están haciendo gestiones para entregarles alcantarillado y agua potable. Por el momento, tanqueros les entregan diariamente el líquido vital. Estos barrios eran zonas  de  manglares, que fueron destruidos por los refugiados para tener un lugar para vivir.