Debido a  la contaminación de los ríos Cayapas, Santiago y demás afluentes, causada por la actividad ilegal minera,  más de 10 mil habitantes de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, están desprovistos de agua para consumo y su salud está expuesta a graves enfermedades.

Esta situación ha  obligado a las autoridades de Eloy Alfaro y San Lorenzo   a dotar de agua potable en tanqueros a dichas comunidades, una labor que se realiza  en medio de dificultades logísticas y económicas, sobre todo en las zonas recónditas.

El alcalde de Eloy Alfaro, Richard Mina, indicó que personal del municipio realiza “grandes esfuerzos” para proveer de agua a los habitantes de 49 comunidades situadas en las riberas de los ríos Santiago y Capayas, pero que las dificultades logísticas les impide llevar el recurso a las zonas más alejadas donde solo se llega en lanchas.

“No hemos podido llegar a todas   las zonas y estamos conscientes de que todavía  mucha gente espera nuestra ayuda, pero es difícil entrar con tanqueros porque son comunidades alejadas”, mencionó Mina.

Un reciente informe de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) concluyó que el río Cayapas está contaminado por arsénico (20,50 ug/L) generado por la actividad minera, lo que imposibilita el consumo de sus aguas.

El documento además señala que el estero María, los ríos Bogotá y Tululbí, del norte de Esmeraldas, están contaminados por la presencia de metales pesados como aluminio, hierro y arsénico debido a las actividades extractivas de la minera.

El arsénico  perjudica a  la salud  al ser inhalado y estar en  contacto con la piel. Si se ingieren alimentos contaminados con este metal, como peces,    puede haber intoxicación.

Ante esta situación, el juez Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo, Segundo Caicedo,  dictó el pasado 17 de marzo una acción cautelar para que  los  alcaldes, en coordinación con siete  ministerios de Estado,  adoptaran  acciones  para remediar el grave daño ambiental causado por la minería ilegal en los ríos Cayapas, Santiago y demás afluentes.

Estas comunidades requieren ayuda y  ante el grado contaminación de los ríos es necesario que se adopten medidas urgentes, afirmó el personero municipal, quien ayer sobrevoló  en un avión de las Fuerzas Armadas la zona donde el fin de semana se realizó un operativo militar que decomisó y destruyó maquinaria pesada que era utilizada para labores de minería ilegal.

La intervención de la fuerza pública se amparó en el estado de excepción decretado por el Presidente de la República, Rafael Correa,  en las dos localidades por 60 días  para prohibir  la minería ilegal y precautelar  la salud de sus pobladores y la conservación del ecosistema. En el norte de Esmeraldas existen alrededor de 113 minas que han causado la contaminación de los ríos.

Alerta ante protestas

Ayer, en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, miembros de la fuerza pública estaban  alerta ante la posibilidad de que surgiera una protesta, ya que los habitantes de estas localidades han amenazado con tomar medidas de hecho por el operativo de las Fuerzas Armadas ordenado por el Gobierno.

Sin embargo, hasta la tarde de ayer no se registró ninguna manifestación y militares custodiaban la zona, indicaron funcionarios de ambos cantones. En tanto, la ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, formuló un llamado  al diálogo a los habitantes de Esmeraldas que han  anunciado movilizaciones y jornadas de protesta en defensa de la actividad  minera, pero sobre todo a que respeten la ley. Para la secretaria de Estado lo que se ha hecho en la provincia verde durante el fin de  semana es cumplir con la ley. Para ella es necesario  ayudar a los ciudadanos con el fin de  que  regularicen su actividad minera.

El ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano, también justificó el operativo y  destacó que destruir la maquinaria era la única forma de evitar que ésta volviera a ser utilizada, ya que en anteriores ocasiones los jueces han emitido amparos para levantar la incautación. “Las medidas han resultado muy débiles”, dijo, y aseguró que la Constitución, el Código Ambiental y la Ley Minera disponen “medidas eficaces” para “inhabilitar estos instrumentos”.