El 14 de marzo pasado la Fiscalía de Colombia resolvió que la asambleísta de Alianza PAIS, María Augusta Calle, jamás “desvió recursos para el sostenimiento y/o apoyo a la organización terrorista de las FARC”.

Y concluyó que en los computadores recuperados tras el ataque a Angostura (1 de marzo de 2008) “no se halló cuenta de correo electrónico” a nombre de la legisladora ni de los alias que, según la prensa, Calle usaba para contactarse con la guerrilla: La Pelos, Alicia, Platos...

Esa resolución reposa en su oficina, en el segundo piso de la Asamblea Nacional. Para “Maca” -como la llaman sus amigos- ese documento es la evidencia de que los medios siempre especularon.    

¿Cuánto afectó a su vida personal y profesional que le hayan vinculado con las FARC?
Son dos ámbitos diferentes porque, en primer lugar, soy mamá.  A mi hijo  le afectó mucho que sus amigos le pregunten si su mamá era guerrillera o terrorista. Mi hermano, que vive en EE.UU. y tiene la nacionalidad, no ha conseguido trabajo desde hace 3 años y, en algún momento, alguien vinculado al gobierno estadounidense le dijo que ello tenía que ver con que era mi hermano. En noviembre de 2009, cuando salió el informe de la Comisión de Angostura y nuevamente mis fotos estaban en televisión por mi supuesta implicación con la guerrilla, mi mamá me dijo: “no soporto más”. Dejó de comer y el 22 de diciembre de 2009 murió. Era tan fuerte la carga, mi casa tenía vigilancia permanente, nos llamaban a insultar y amenazaban a mis hijos…

¿Continúa esa persecución?
Así de intensa y permanente duró hasta el año pasado. En julio de 2008 volví a trabajar en Telesur, sin ninguna inmunidad, esperando que la Fiscalía inicie un proceso legal donde pueda defenderme, porque los medios de comunicación nunca me brindaron un espacio, pese a que se convirtieron en una tribuna permanente de acusaciones y burlas.  

Varios meses el diario La Hora tuvo como portada de su plataforma digital la nota del Miami Herald diciendo: “Asambleísta ecuatoriana prestó su cuenta a las FARC”. Y cuando pedí una prueba de ello, que no sean los supuestos correos electrónicos, La Hora nunca contestó.

Lo mismo ocurrió con diario El Universo, que afirmaba la existencia de una foto mía con Simón Trinidad, y les pedí que me la mostraran... Días después el diario publicó que alguien de la Policía borró todas mis fotos. Eso no era cierto. Después El Universo envió a sus reporteros a tomar fotos de mi casa, de mis nietos.   

En el ámbito legislativo, ¿cómo le afectaron esas afirmaciones?
Asambleístas de Sociedad Patriótica, particularmente Fausto Lupera, fueron a Colombia para contactar a Álvaro Uribe y contrataron a un abogado para tratar de aportar pruebas al proceso y lograr que se  abra otro  en Ecuador, a fin de involucrarme a mí y al Gobierno de Rafael Correa en actos delictivos. Pero quizá hubo algo más serio. En la propuesta de Código de Ética que presentó Cinthya Viteri (Madera de Guerrero) colocó en la exposición de motivos que no se puede permitir que en la Asamblea Nacional haya gente ligada al terrorismo, como la “comandante pelos”. Eso quedó escrito en una propuesta legal que la semana pasada fue archivada, incluso con el voto de la oposición.  

¿Qué motivó esa persecución?
En la Asamblea Constituyente yo presidía la mesa de Soberanía y Relaciones Internacionales. Nuestro compromiso era que entre los primeros artículos de la nueva Constitución conste soberanía, así que el artículo 5 se refería a las bases militares extranjeras. Esos artículos los entregué a la medianoche del 29 de febrero de  2008 y a los 20 minutos se bombardeó Angostura. Yo no creo en las casualidades.  

En diciembre (2007) varios militares hablaron conmigo, entre ellos el Coronel Pazmiño (quien fue candidato a asambleísta por el PSC), para decirme que no querían que salga la base estadounidense del Ecuador. Y la semana anterior al 29 de febrero varios asambleístas de la comisión fueron invitados a la base y les pidieron  que no aprueben el artículo. En la Asamblea hubo mucho movimiento   en torno al tema. Nunca podré comprobar nada más que esto, pero sospecho que una acción tuvo que ver con la otra, pues era la primera vez que una base de EE.UU. saldría un año antes de cumplirse el convenio.

¿A qué le atribuye el despliegue mediático que tuvo su caso?
Todos los diarios de la SIP, que trabajan de forma conjunta y tienen un mismo discurso, buscaban denigrar la labor del Gobierno ecuatoriano a través de un   linchamiento mediático. Tal como manejaron el caso El Universo, un trabajo absolutamente organizado, fue con el caso Angostura. Muchas de las noticias que salieron en El Universo, El Comercio, La Hora, Hoy y El Tiempo (Cuenca) no nacieron en el Ecuador sino en Colombia, España y Miami.

Tras conocerse la resolución de la Fiscalía colombiana, ¿algún medio nacional o extranjero se ha comunicado con usted para aclarar el tema?
A los únicos medios que les ha interesado difundir mi verdad han sido El Telégrafo, Ecuadorinmediato y GamaTv. Los otros tendrían que reconocer su error con todo el grupo de la SIP y no lo harán. Diario El Comercio, El Universo, Hoy,  Expreso y La Hora no me han pedido una entrevista.  

¿Iniciará un proceso judicial en contra de los medios que participaron en ese “linchamiento mediático”?
El mismo abogado que me acompañó a declarar en la Fiscalía en junio de 2008 estudiará el caso y verá si procede o no una acción legal. Pero yo, con esta resolución, empezaré otra militancia: pelear contra el “linchamiento mediático”. No puede ser que los medios reemplacen a las salas de justicia. Es urgente  emprender una lucha contra esa prensa que cree estar por encima de la honra de las personas.  

¿El “linchamiento mediático” podría ser materia penal  o estar en  una ley de comunicación?
Creo que es materia de orden penal como un capítulo referido a delitos comunicacionales. Si un periodista usa el poder del medio de comunicación  para calumniar, está cometiendo un delito. En el caso de Sandra Correa (ministra de Educación en el gobierno de Abdalá Bucaram), siempre creí que cometió peculado, hasta que un día leí su caso en Ecuadorinmediato.

El juicio penal por el que fue condenada y pagó prisión se sustentaba en dos artículos de prensa que eran absolutamente especulativos: un reportaje del programa La Televisión y un artículo de Juan Carlos Calderón en Vistazo. Cuando vi el dictamen de la Contraloría, donde dice que no hay indicios de responsabilidad civil, penal, ni administrativa, llamé a Sandra Correa para conocerla y conversar. Ella está condenada de por vida, la gente tiene temor de saludarla, es un estigma brutal.

¿Es un tema que debe empezar a discutir la Academia?
Es necesario hacer un estudio serio sobre “linchamiento mediático”. Debemos entender este fenómeno desde la Academia y tomarlo en cuenta como parte de la formación en las Universidades.

Hay que formar a la gente para que se dé cuenta de lo que significa hacer un trabajo desapegado de la ética. Los comunicadores deben saber que tienen todas las libertades, pero que también tienen responsabilidad ulterior y que pueden  haber sanciones de orden penal.