La embajada de Ecuador en España ha mostrado su "profunda preocupación" por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a "los inmigrantes más vulnerables" y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país.

En un comunicado, la sede diplomática recuerda la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.

"Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país", añade la nota.

Ante esta decisión, que supone un giro radical a la política aplicada desde el año 2000 en España, cuando se aprobó la Ley de Extranjería, la embajadora ecuatoriana, Aminta Buenaño, ha remitido una comunicación a la Secretaría española de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

En dicha misiva, la embajadora asegura que comprende el difícil momento que España atraviesa por la crisis económica y, justamente por ello, expresa su profunda preocupación "por la anunciada reforma a la Ley de Extranjería".

"Nos inquieta -sostiene Buenaño en su carta- que este tipo de medidas afecten a un grupo vulnerable de nuestra comunidad que ha caído, contra su voluntad, en irregularidad sobrevenida".

La embajadora recuerda que todos esos inmigrantes han aportado no sólo con su trabajo al desarrollo de España, sino también con aportaciones a la Seguridad Social durante varios años.

La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir con permiso de residencia en vigor, asciende a 5.251.094, según los datos del Ministerio español de Empleo.

Así, la cifra de ciudadanos "sin papeles" que podrían verse afectados por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la embajada ecuatoriana.

La nota continúa explicando que la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) son residentes de países pertenecientes a la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro.

Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios en situación irregular que cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.

Hasta ahora la ley establecía que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan "tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles".

Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.

Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, concluye el comunicado.