A raíz de una información divulgada por diario El Telégrafo, el 3 de mayo pasado, respecto al perjuicio al Estado en 700 millones de sucres (100 millones de dólares) en la construcción de la Terminal Terrestre de Guayaquil, en 1978, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) inició una indagación.

Este estudio está a cargo del abogado Antonio García, quien informó sobre los pormenores de este "atraco" que imposibilitó la operación completa de la terminal.

Según los primeros alcances de la investigación, la familia Pérez Barriga, propietarios del diario El Universo y propietarios de la cadena Univisa, al parecer, formaron parte de este “negociado” que perjudicó al país. Los materiales que se utilizaron en la construcción no fueron de calidad, por lo tanto, la segunda planta de la infraestructura se vino a bajo antes de la entrega oficial del edificio.

El objetivo de la investigación es analizar la pertinencia o no de una demanda a los involucrados en este supuesto fraude. Ayer, con una ilustración, se establecieron los nexos de los grupos económicos, mediáticos y políticos en este supuesto fraude al Estado.

La construcción de la Terminal Terrestre de Guayaquil estuvo a cargo de la compañía japonesa Fujita, detrás de la que se ocultaron  las empresas Matricsa (Alberto y Eduardo Dahik, Miguel Garzozi y Roberto Falconí), cuyo mayor accionista era Inamasa, de propiedad de  Carlos Pérez Perasso y sus hijos María Teresa, Rosa, Priscila, Carlos y César; estos dos últimos actuales directivos del Diario.

Previamente, la compañía Prenor, Predial e Industrial del Norte S.A., cuyos socios fundadores fueron Martín Icaza Pérez, Gianni Garibaldi Úraga, Jorge Sosa Torres, Jaime Roldós Aguilera y León Roldós Aguilera, había vendido a la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) los terrenos y planos para la Construcción de la Terminal Terrestre. Sin embargo, de acuerdo al libro de participaciones del Registro Mercantil, consta la empresa Adan C.A. cuyos accionistas eran Carlos Pérez Perasso y sus hijos  María Teresa, Rosa Delia, Priscila  y Carlos Pérez Barriga, además de Fernando Lebed y Ferias S.A.

García aún no ha entablado acciones legales, sin embargo, recalcó que los involucrados en este caso tienen el derecho de establecer su defensa como mejor les parezca y que la ciudadanía debe juzgar sobre estos hechos que han perjudicado enormemente al pueblo ecuatoriano.

En tanto que Diario El Universo en su edición digital reaccionó ante estos cuestionamientos, argumentando que "se trata de revivir un caso que tuvo sentencia definitiva en 1992, sobre la construcción de la antigua Terminal Terrestre de Guayaquil, y en el cual no han tenido responsabilidad ante el Estado, ni este Diario, ni ninguno de sus directivos".