El próximo diciembre vendrán cambios para los medios audiovisuales de Uruguay.  Legisladores del oficialista Frente Amplio confirmaron que en este mes votarán en el Senado el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), propuesto por el presidente José Mujica.

La iniciativa propone limitar los contenidos audiovisuales y los mensajes publicitarios emitidos en Uruguay por las señales internacionales que llegan a través de la televisión para abonados. Según la nueva redacción de la ley, los canales de cable deberán respetar las condiciones que rigen durante el horario de protección al menor, algo que no estaba previsto en el proyecto original, según informó al diario El País el ministro de Industria, Roberto Kreimerman.  

El artículo 31 establece las condiciones a respetar durante el horario de protección al menor, que irá entre las 6:00 y las 22:00. En ese tiempo está prohibida la emisión de “imágenes con violencia excesiva”, exhibición de cadáveres o resultados de crímenes, pornografía o apología del consumo de drogas, según establece el articulado.

Además, establece que los spots televisivos “no deben animar directamente a los niños, niñas y adolescentes para que compren productos o servicios publicitados, ni prometerles premios o recompensas para ganar nuevos compradores”, destaca El Observador.

El Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el sindicato de los trabajadores de los medios de comunicación celebran el anuncio de aprobar finalmente el texto.

En tanto, Andebu, la organización patronal que agrupa a dueños de canales de televisión y radios, rechaza que se apruebe este texto. Su presidente, Pedro Abuchalja, dijo que “los regímenes autoritarios son los que tienen ley de medios”. Algunos legisladores de los partidos que hoy están en la oposición también critican el proyecto sosteniendo que la norma que se quiere aprobar es “fascista” y es una “ley mordaza” que afecta la libertad de expresión.

Para la APU esta no es una “ley mordaza” ni afecta la libertad de expresión. Al contrario, el texto garantiza en varios artículos la libertad de expresión, uno de los principales objetivos que tiene la APU desde su fundación hace 70 años. Así se establece en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 y 24. En esos artículos se prohíbe la censura previa y se asegura la independencia de los medios de comunicación y la libertad editorial.

También, en el capítulo V del proyecto se propone una herramienta fundamental para los periodistas: la objeción de conciencia: “Los periodistas tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”, se dice en el proyecto.