El Pacto Territorial es uno de los puntos contemplados en la resolución aprobada por la Asamblea Nacional, para  declarar de interés nacional la extracción de crudo en los bloques 31 y 43 en la Amazonía.

Los legisladores coinciden en que con esta decisión se priorizará el destino de los recursos que provendrán de la explotación petrolera para las provincias amazónicas y los sectores menos favorecidos del país, hasta tener un 95% de cobertura de servicios básicos.
Armando Aguilar, asambleísta de la provincia de Sucumbíos, dijo: “El pacto territorial que se incluyó en la declaratoria consiste en que las políticas públicas deben encaminarse al mejoramiento de las condiciones de vida de los territorios amazónicos, para que los recursos petroleros fortalezcan el desarrollo de los servicios básicos, pero que paralelamente mejoren las condiciones de vida de los agricultores de la región”.

El legislador enfatizó  que debe existir inversión para mejorar la actividad agrícola, pero que al mismo tiempo se necesita proteger la naturaleza. “Todos los niveles de gobierno: nacional, provincial, cantonal y parroquial deben mirar el desarrollo con responsabilidad ambiental y social”. Además,  destacó que en su provincia existen 176 mil habitantes.

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, insistió en que uno de los temas fundamentales que debe considerar la ciudadanía es el destino de los recursos que se obtendrán del ITT, pues irán al pago de la deuda social, para superar aquellas necesidades básicas insatisfechas en la propia Amazonía ecuatoriana, en saneamiento ambiental, tratamiento de aguas servidas, entre otras obras que demandan los sectores menos favorecidos de algunos territorios del país.

El alcalde de Joya de los Sachas (Orellana), Telmo Ureña, destacó la decisión del presidente Rafael Correa, de cambiar el nivel de vida de los habitantes amazónicos, después de 40 años de explotación petrolera.

Explicó que  está coordinando con los demás municipios y juntas parroquiales para  dejar lista la planificación en cada uno de estos sectores para continuar con la ejecución de obras, con los nuevos recursos que llegarán después de dos años. Aseguró que, desde ya, sienten los beneficios de la ayuda estatal en esos rincones de la Amazonía.

Uno de los considerandos justifica la declaratoria de interés nacional a la extracción de crudo de los bloques 31 y 43, señalando que  servirá “para proteger los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y superar su exclusión histórica, el Estado garantizará su participación en los beneficios que reporten las actividades extractivas, conforme a los artículos 57, numeral 7;  y 74 de la Constitución de la República”.

Mientras  que la resolución aprobada con 108 votos por el Legislativo establece “un pacto territorial para la atención prioritaria a la Amazonía, orientando recursos presupuestarios para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en función de sus planes de vida y de sus derechos colectivos; para los gobiernos autónomos descentralizados y los territorios con mayores brechas de necesidades básicas insatisfechas, a fin de que se cumpla con el compromiso de dotar de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico al 95% de la población a nivel nacional”.