La bancada del movimiento PAIS realizará hoy, desde las 9:30, en el hotel Quito, un taller para tratar los puntos neurálgicos del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP). La legisladora María José Carrión expondrá los avances registrados en el tema tras los diálogos mantenidos con los médicos.

Allí se definirán los artículos que entrarían en una reconsideración, anunció la asambleísta  Mariángel Muñoz.
La bancada también tratará otros temas que están pendientes desde la semana pasada, anticipó el parlamentario Gastón Gagliardo.

Entre tanto, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionó ayer a doble jornada para cumplir con el segundo debate del libro III del COIP, referente a la Ejecución de Penas y las  reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, así como disposiciones derogatorias y reformatorias.

El legislador Armando Aguilar presentó la moción para reconsiderar el documento aprobado. “Eso significa que una vez que se apruebe la reconsideración, se abrirá nuevamente el debate y se podrán incorporar textos nuevos o mejorar los que ya fueron aprobados”, indicó.

Byron Pacheco, asambleísta de Avanza, aclaró que están a tiempo de enmendar algunos artículos. Para Ramiro Aguilar, de Suma, la decisión de la Asamblea de reconsiderar el texto es “estupenda”. “Me parece racional y razonable la posición a la cual me sumaré”, anotó.

Entre los temas que serían reconsiderados están: la mala práctica profesional; la dosimetría penal -el número de años con que se sanciona a una persona por un delito-; acumulación de penas y reincidencia. “Hay que revisar la dosimetría, porque los delitos de sabotaje y terrorismo tienen un exceso y en base a estos se fijan las penas de los otros delitos”, indicó Marisol Peñafiel.

Por ello pidió la comparecencia de un especialista en la temática, al indicar que “se juzga de acuerdo a la gravedad, el bien jurídico protegido, el derecho lesionado, la reparación”. Los tipos penales no pueden ser abiertos, y que hay que aclarar  conceptos de dolo y culpa, indicó la asambleísta.

El ponente Mauro Andino manifestó que el COIP tiene concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial, porque “se asegura el principio de jurisdiccionalidad para que los derechos de las personas privadas de la libertad sean garantizados en todo momento”.

La competencia general de  los jueces será resolver las solicitudes de traslado de la persona privada de libertad por razones de cercanía familiar, padecimiento de enfermedades, necesidad de tratamiento psiquiátrico, seguridad y condiciones de hacinamiento.

Andino también aclaró el alcance de los artículos 300 y 316, que hacen alusión al delito de pánico financiero. No se trata de sancionar con cárcel por opinar o informar, sino cuando se cause daño a la economía nacional, por alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector o cuando se divulguen noticias falsas que causen alarma a la población y provoquen el retiro masivo de depósitos de cualquier institución financiera, anotó.