Superados los momentos de reflexión sobre los resultados, en el Gobierno y en el Movimiento PAIS hay preocupación por una posible campaña de boicot de la oposición al mandato popular. Ellos se preparan para implementar jurídica y técnicamente las obligaciones derivadas de la consulta del pasado sábado, 7 de mayo.

Tras promulgar los resultados en el Registro Oficial, dijo el presidente Rafael Correa, hay que ejecutar los cambios planteados en el proceso electoral, que tienen carácter vinculante.

Advirtió a los asambleístas que si no cumplen con el mandato del pueblo pueden ser destituidos, puesto que   la Corte Constitucional podría ordenar una acción de incumplimiento de estos funcionarios.

Replantear acciones

El vicepresidente Lenín Moreno indicó que el equipo de Gobierno cumplirá con este proyecto de transformación.
Javier Ponce, ministro de  Defensa, acotó que los sectores de oposición también deberán replantear sus argumentos y evitar que los medios de  comunicación se presenten como actores políticos.

Ponce agregó que los resultados se convierten en un llamado de atención desde la ciudadanía a los medios, porque es absolutamente vergonzoso que en la campaña se hayan utilizado figuras de líderes populares e históricos, a quienes jamás hicieron caso, en nombre de la libertad de expresión.

Para el asambleísta Virgilio Hernández, el bloque de PAIS y el Ejecutivo deben hacer una autocrítica del resultado, sobre  los escenarios para  los próximos meses y cuál es el potencial equipo de trabajo con el que cuenta hoy  el régimen. 

Aseguró que uno de los principales análisis será el de la votación de la Sierra centro, en  la cual el proyecto de Gobierno tuvo menos acogida y se planteará el fortalecimiento del trabajo del Movimiento PAIS a nivel nacional.

Hernández añadió que se deberían buscar las estrategias de acercamiento con el sector indígena, el cual debe reconocer que son beneficiarios directos de la transformación social.

Período de transición

Los cambios se realizarán en un período de transición de 18 meses, explicó el equipo jurídico de la Presidencia de la República.

A nivel Legislativo se tratarán las reformas y leyes del Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Penal, a la Ley de Comunicación y al Sistema Financiero.

En el Judicial se establecerán los niveles de cumplimiento de funcionarios y se sancionará a jueces que utilicen mecanismo de corrupción y enriquecimiento ilícito. En el período de transición se designarán jueces privilegiando la meritocracia mediante concursos públicos.

Además se construirán juzgados para ampliar los servicios de justicia en el país.