El problema continúa siendo complejo. Así lo explica Margarita Carranco, quien se encuentra encabezando la red antitrata de personas. Margarita trabaja con instituciones vinculadas a los Derechos Humanos, así como con el Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes en el Ecuador, además de asociaciones indígenas y afroecuatorianas.

Esto, con el fin de lograr el apoyo del Gobierno para la implementación del Plan Nacional para la prevención, protección y sanción de trata de blancas.

La ex concejala del Distrito Metropolitano de Quito, explica que este delito sigue proliferando a pasos agigantados.  “La lentitud de la administración de justicia en estos casos solo empeora la situación”... los traficantes de personas huyen con facilidad a países vecinos para seguir con el negocio ilícito.

Según la doctora Tania Morales, Fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, “se deben diferenciar los tipos de trata existentes, que son: nacional e internacional”.

A nivel nacional, la trata de personas es acompañada casi siempre de explotación sexual. En el Ecuador los lugares de origen de ese tipo de trata son Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y las provincias del Oriente, y, las ciudades de destino son las grandes urbes donde se mueve el dinero: Quito Guayaquil y Cuenca.

Por otro lado, en las provincias de la Sierra central como Chimborazo, Imbabura y Cotopaxi, se concentra la trata de personas para la explotación laboral. Y de igual manera las ciudades de destino son Quito, Guayaquil y Cuenca.

Con respecto a la trata de personas de carácter internacional, el Ecuador es un país de destino, en su mayoría de jóvenes colombianas y cubanas, entre otras mujeres -y ciudadanos en general- de  procedencia de otros países de la región, pero en menos cantidad (se ha registrado, en Azuay por ejemplo, una creciente población de ciudadanos peruanos que, en su tránsito, se vuelven sujetos de riesgo).

En la trata internacional referente a la explotación laboral, los países destino son Chile, Venezuela y Colombia. Aquí se incluyen aspectos como el trabajo en mendicidad.

Para la Fiscal Morales, la trata de personas con la explotación sexual esta más visibilizada; en cambio la sociedad se vuelve más permisiva con la explotación laboral.

Esto puede verse cuando los sectores indígena y afroecuatoriano migran a las ciudades por trabajo, son contratados para labores domésticas, y en la mayoría de los casos trabajan más de ocho horas diarias, no reciben un salario justo y son maltratadas verbalmente.

En el 2010 un caso de trata de personas por explotación laboral, y dos por funciones ilícitas fueron sentenciados. La pena por este delito puede ascender hasta 35 años de reclusión mayor si producto del ilícito la víctima fue contagiada de SIDA o alguna otra enfermedad.

Según la Fiscal del Crimen Organizado, en la mayoría de los casos los mismos familiares de las víctimas son parte de las redes de trata y explotación sexual, “de manera conciente o inconciente”. De manera “conciente” suelen serlo familiares varones que ofrecen a las víctimas en prostíbulos. El pago es de 30 a 50 dólares diarios.

Se dice que incurren de manera “inconciente”, sobre todo en sectores de alta peligrosidad, quienes aceptan la oferta de los tratantes cuando les dicen a los padres de las muchachas que cuidarán de la integridad física de toda la familia, para que nada les pase. A cambio de esto sus hijas deben trabajar en la prostitución. Muchas de las mujeres que son explotadas sexualmente, ni siquiera se consideran víctimas de abuso, debido a la relación familiar que existe con el traficante de personas. Este es uno de los motivos por los que no consideran su situación como algo ilegal, y por consiguiente no denuncian.

Los casos conocidos de trata de personas regularmente no son denunciados, se descubren por investigaciones realizadas por grupos especiales de la Policía o denuncias de la comunidad, que informa acerca de lugares en donde se sospecha la existencia de jóvenes nacionales, extranjeras y menores de edad, que son retenidas a la fuerza.

Para Ana Abad, quien trabaja en la Secretaría del Migrante en la provincia del Azuay, en los procesos de migración existe la trata y tráfico de personas, porque son procesos de movilidad humana y en esta cadena de transportación de personas de un país a otro se producen, casi inevitablemente, delitos como la trata.

No importa el sexo o la edad, quienes son víctimas del tráfico de personas se encuentran desprotegidos frente a diversos factores, como lo menciona Norman Wrigth, concejal, al referirse al permiso de uso de suelo en clubes nocturnos.

Según menciona Wrigth, la ley expone que el lugar en que se haya detectado alguna irregularidad en temas de explotación sexual, no puede volver a funcionar. Sin embargo, después de algún tiempo estos centros reanudan su funcionamiento regular.

Otro de los puntos débiles en el tema de la trata de personas es el supuesto consentimiento por parte de las adolescentes, lo que  exime de culpa a quienes impulsan este delito, en donde se negocia con el cuerpo de gente con fines de enriquecimiento ilícito.

La Organización Internacional de la Migración en el Ecuador también trabaja por reducir los riesgos de ser víctima de trata de personas durante los procesos migratorios.

Diego Beltrán, especialista legal en el proyecto de trata, explica que la movilización de personas siempre conllevará algún tipo de problema, ya sea migración interna o externa.

La migración debe ser ventajosa tanto para el que emigra como para la comunidad que lo recibe. Instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Fundación Esperanza y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, presentan constantemente campañas para alertar a hombres, mujeres y niños, a no dejarse engañar con propuestas fáciles de trabajo, que albergan distintas intenciones de explotación y maltrato.

Blanca Vega, quien trabaja en la Casa de la Movilidad,  realiza constantes acciones en pro de una libre movilidad interna y externa de toda la población, ya sea por motivos de trabajo, diversión o cualquier otro.

Según Blanca, se debe trabajar en políticas  de intervención estructural y mejorar las condiciones de vida de la gente, porque esto es un factor primordial que impulsa la migración, y por consiguiente aceptación para participar en negocios ilícitos de explotación sexual y laboral.

Las personas que han sido víctimas de este delito, también son consideradas dentro del sistema a Protección de Víctimas y Testigos; sin embargo, aquello es optativo; son las víctimas quienes deciden ingresar o no al programa.

El proceso para acceder al sistema de protección inicia cuando la persona afectada accede a llenar el formulario de solicitud, respaldada por el fiscal que lleva el caso; después de esto, la primera entrevista entre la víctima y un equipo especializado de la Policía sirve para tomar las medidas inmediatas de protección.

Estas medidas duran mientras concluye el periodo de investigación. Finalmente, los coordinadores, con  base en los informes emitidos, elaboran el plan individual de protección.

Quienes pueden ingresan a este sistema son las víctimas, testigos y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que por su participación en el proceso penal han sufrido o están sufriendo amenazas o agresiones.

Según la ingeniera Sandra Yasbek, coordinadora financiera del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, y otros participantes en el Proceso Penal, los niños víctimas de este delito son obligados a mendigar en ciudades grandes, son maltratados constantemente y permanecen incomunicados de sus familiares. Los lugares más comunes para este tráfico ilícito son los mercados, ya que  los padres trabajan todo el día y los niños no tienen un lugar seguro en donde pasar esas horas y son blanco fácil de los traficantes.

La Fiscalía, a través del sistema de protección, brinda diferentes tipos de ayuda, como protección de policía comunitaria de manera permanente en el domicilio, protección policial en casos de extrema peligrosidad contra la integridad de las víctimas, además de organizar operativos de traslado hacia las audiencias, con el fin de conseguir una condena para los culpables. En casos especiales también se tramita la salida del país de las personas implicadas.

La asistencia que se ofrece cubre varios campos, como atención médica, psicológica, asistencia social y ayuda para conseguir un empleo. En el caso de menores de edad, se brinda la ayuda necesaria para que el menor pueda continuar con los estudios, es decir, llega incluso a otorgar becas escolares...Todo esfuerzo resulta pertinente frente a un delito que se alimenta del engaño, el abuso y una perversa forma de extorsión, disfrazada, muchas veces, de cariño familiar.