Rafael Correa ya tiene tres objetivos antes de terminar su mandato en  2013: la revolución agraria, del transporte y el desarrollo urbano. Y eso lo dijo con base en el balance del Plan Nacional del Buen Vivir hecho ayer en un gabinete  con invitados especiales.

Ahí visibilizó  los avances en materia social, energética y redistributiva, pero también detectó  otras debilidades: la falta de una reforma agraria y el limitado desarrollo  del sector industrial; la ineficiencia del plan  de  reforestación y protección de los bosques primarios;  y que a pesar de incrementar la cobertura en  educación y salud, el servicio todavía no es eficiente.      

En el tema agrícola, Correa no descartó subsidiar las semillas certificadas y sistemas  de riego para fomentar una  producción  de mejor calidad.  También planteó apoyar con créditos a los propietarios de tierras comunales, a fin de que opten por el   monocultivo en lugar de mantener  terrenos   improductivos. El ministro Stanley Vera se comprometió a presentar un plan de subsidios productivos hasta el próximo mes.

Al Ministerio de Patrimonio también le solicitó un plan de reforestación y protección ambiental, pues  desde el año 2000 la tasa de deforestación ha bajado un 0,6%, lo que calificó como un verdadero fracaso. Incentivos como el programa Socio Bosque no tendrán resultado si los campesinos no ven algún beneficio en mantener los árboles en pie, sentenció el Mandatario.

En cuanto a salud y educación, el Presidente reconoció como un gran avance el que la ciudadanía haya recuperado la confianza en los servicios públicos, pues se ha duplicado la atención médica y cada vez más niños y jóvenes se educan. No obstante, detectó que si bien la tasa de matrícula en la educación superior creció del 22,9% en  2006 al 30,8% en  2011, la tasa de graduados oscila entre  el 10% y 11%.

Otro logro fundamental es la reducción de la pobreza al 28,6% mediante una política redistributiva, también se detectó que la desocupación continúa afectando a la población más pobre. Según el Jefe de Estado, el fenómeno guarda relación con la edad en que se establece  la población económicamente activa (de 10 a 65 años). “Eso va en contra de nuestra política de acabar con el trabajo infantil”, sostuvo, y pidió  al INEC revisar los parámetros de  cálculo, pues, anotó,   muchos niños han dejado de trabajar para volver a la escuela y a eso no se le puede llamar desocupación.

América Latina es la región más desigual del planeta y sobre esa base,  el Jefe de Estado destacó el cambio de la política tributaria: crear   impuestos directos, en donde el que más gana más paga,   en lugar de elevar tasas indirectas como el IVA que se aplica a todos los productos y servicios, en donde todos los consumidores pagan por igual sin importar   la condición económica del consumidor. “Esos  impuestos son  más efectivos, pero son injustos”, replicó, tras anotar que   esa equidad, denominada presión tributaria,  pasó  del  11,1% al 14,3% en los últimos cinco  años.

La presentación del informe estuvo a cargo del secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Fánder Falconí, quien destacó al 2011 como el año de mayor inversión energética, cuyos resultados se verán a partir de  2013 y serán la pauta para el cambio de la matriz productiva. “Dejaremos de ser un país primario exportador para convertirnos en el principal exportador de energía de la región... un proceso que requiere de mucha inversión pero   era necesario  hacerlo”, señaló.

La meta del Gobierno es que  hasta 2016 empiecen a operar ocho nuevas hidroeléctricas -entre las que se destaca el proyecto  Coca Codo Sinclair-   que tendrán una capacidad de generación de  2.700 megavatios.  

Los ministros de Industrias, Electricidad y Recursos No Renovables aprovecharon el evento para informar que este año se concretarán importantes proyectos con recursos privados externos. Entre ellos,  la construcción de una fábrica de paneles solares y de una  hidroeléctrica local  que generará 50  megavatios. También se anunció que   durante  el primer trimestre del año  habrá una inversión  extranjera de 7.500 millones de dólares para la explotación de campos maduros y minería.

Y en la búsqueda de esa eficiencia energética, el Gobierno retomará la distribución de focos ahorradores y mejorará la calidad del diésel y la gasolina. El propósito es que, a partir de abril,  se comercialice un diésel de  500 ppm (partículas por millón), pues el actual tiene 7.000 ppm. Con la gasolina se hará lo mismo, pasar de 82  a 87 octanos la extra, y de 90 a 92 octanos la súper, sin que varíe el precio, pues los costos del  mejoramiento los asumirá el Estado.

“Pero pido a los jóvenes que nos ayuden a motivar a la gente para que prefiera la gasolina súper, que cuesta un poco más, pero contamina menos”, reiteró el Presidente.