La  Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) aspira a que las calles y avenidas del país luzcan limpias y no atestadas de publicidad electoral. Por ello, la entidad promueve controles en plazas tradicionales, parques y centros históricos.

La AME está conformada por 221 cabildos del país, los mismos que tienen la potestad de controlar la colocación de propaganda. Según el organismo  el 80% de los municipios tiene una propia ordenanza para regular el uso del espacio público. 

Ante la coyuntura, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció una propuesta con la AME para que sea acogida por los Cabildos. El consejero Juan Pablo Pozo presentó hace dos semanas un modelo, que puede o no ser acogido.

La propuesta se divide en tres ejes: El primero prohíbe la propaganda mural, pintar o pegar carteles de cualquier naturaleza en aéreas o bienes de propiedad pública como postes, puentes peatonales, aceras, veredas, calzadas, túneles, señales de tránsito, entre otros. Igual restricción rige para cualquier otro inmueble de entidades estatales, así como árboles y palmeras ornamentales.

El segundo punto trata sobre las vallas desmontables. En este caso la propaganda en inmuebles de propiedad privada puede hacerse  a través de vallas, banderas, afiches, lonas y  globos  removibles.

La tercera incluye la posibilidad de sanciones económicas a los partidos políticos que violen la nueva norma.

Jorge Martínez,  presidente de la AME y alcalde de Ibarra, señaló que esta institución  gremial tiene como objetivo la coordinación y la  capacitación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Pero aclaró que  cada ciudad tiene la facultad de tomar decisiones con respecto al control de la propaganda en el espacio público.

“Lo que realizamos con el CNE es  una ordenanza tipo que tiene como fin precautelar que las ciudades del país no sean agredidas, pero existen municipalidades que tienen sus propias reglas y ordenanzas en temas electorales. Lo que hace este esfuerzo es complementar y preparar un insumo que puede ser o no acogido”, recalcó el burgomaestre. 

Martínez indicó que el hecho de contar con  una normativa para resguardar los espacios públicos  es importante para conservar la belleza del patrimonio y respetar los efectos visuales en los ciudadanos.

María Fernanda Maldonado, directora ejecutiva de la AME, explicó   que la entidad “envió la propuesta de ordenanza a los 221 municipios, de los cuales 15 ya están debatiéndola para   incluirla  como parte de  sus propios estatutos. La mayoría son cabildos amazónicos y otros están planteando ponerla como  acápite específico”.    

Las sanciones que la iniciativa impone a las organizaciones políticas llegan hasta el   25% del salario básico unificado, cuando la falta sea cometida en  una propiedad pública; es decir 79,50 dólares.   

El mismo porcentaje sería cobrado, pero por metro cuadrado, en caso de que las  paredes públicas o privadas sean pintadas. En el caso de carteles, anuncios o elementos de propaganda electoral colocados en edificaciones o espacios públicos dentro del perímetro del Centro Histórico se pagaría una multa equivalente a dos salarios básicos unificados, es decir 636 dólares.

La propaganda que esté ubicada en la propiedad privada, sin autorización, tendría una multa del 50%  del salario mínimo unificado (159 dólares).  

Sergio Rodríguez, jefe de la Comisaría de Construcción del Municipio de   Latacunga, dijo que hasta el momento en la ciudad los partidos políticos participantes no han violado ninguna disposición. En el caso de  parroquias  aledañas,  los tenientes políticos serán los encargados de normar el uso del espacio electoral.  

“Hay algunas paredes pintadas, pero no es como antes, cuando se empapelaba a la ciudad y esto parecía un basurero”, acotó.

En el caso del Municipio de Quito, los suborganismos encargados de regular la propaganda electoral son  la Agencia Metropolitana de  Control y la Coordinación de Territorios,  los cuales, en base a la ordenanza 282, vigilan que todo material publicitario que esté ubicado en espacios públicos o en una propiedad privada, cuenten con una autorización entregada por cualquiera de las  ocho administraciones zonales de la capital.

Quito regula la propaganda electoral con la ordenanza 282, es decir no utiliza la  propuesta del CNE. En la capital se  prohíbe “colocar publicidad electoral  en áreas protegidas en general, (bienes patrimoniales, monumentos, plazas ), y en especial en el perímetro del Centro Histórico, así como en bienes de dominio público”. En el caso de sanciones, las multas van desde $636 hasta $2.544, valor que se cobra de acuerdo con la cotización del salario básico unificado.

Patricia Sarzosa, secretaria de Coordinación electoral, mencionó que “estas medidas se están  tomando con el ánimo de que la ciudad no sea agredida con el entusiasmo electoral de los partidos. Además, hay  la necesidad de precautelar el patrimonio de la ciudad, como también el espacio público como un lugar de convivencia”.

Sarzosa comentó que la municipalidad otorgó 50 sitios dentro del distrito para que se coloque propaganda electoral, con la excepción de la zona centro.  
Uno de los municipios que acogió la ordenanza impulsada por el CNE y la AME es  Tulcán.

Jofre Benavides, comisario municipal, dijo que la propuesta les da mejores herramientas para controlar y regular la utilización de la propaganda electoral en la ciudad.

“La aprobamos en sesión extraordinaria del Municipio, hubo el consenso del cabildo de respetar el espacio público, como parte del respeto que se merecen los ciudadanos y Tulcán. Tenemos ya tres partidos políticos sancionados, la multa que ahora nos permite recargar la ordenanza es de $ 500”, informó el funcionario.