Una treintena de inmigrantes, la mayoría ecuatorianos víctimas de una estafa inmobiliaria, se concentraron este miércoles ante un juzgado de Madrid mientras en el interior declaraba uno de los principales encausados, Enrique Caño, denunciado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Los concentrados habían logrado su hipoteca a través de una denominada Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI) "con cláusulas abusivas y condiciones claramente irregulares", explicó en las puertas de los juzgados Aida Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España.

Esta coordinadora presentó el 30 de noviembre de 2010 la primera denuncia, en la que se pedía la paralización inmediata de los procedimientos de ejecución hipotecaria que pesan sobre alguno de ellos, hasta que se resuelvan sus demandas legales.

Detrás de estas presuntas estafas se encontraba Enrique Caño, que fue detenido el pasado 24 de noviembre por orden de un juez de instrucción de Madrid, que le imputa un delito de estafa.

Las familias que presentaron denuncias declararon que el acusado, a través de CHI o de otras cuatro oficinas con nombres similares, conseguía créditos por más de 200.000 euros (256.000 dólares) para personas de escasa solvencia económica, mediante una trama de avales cruzados entre sí.

Para conseguir una vivienda, Caño exigía al comprador que, de entrada, firmara como copropietario de otra vivienda, además de una señal que rondaba los 10.000 euros y que, en caso de que la familia se echara atrás, nunca devolvía.

Cerraba sus operaciones con entidades como Caja España, Caja Madrid o Caixa Catalunya, entre otras, con pocos días de diferencia con objeto de eludir los controles de riesgo del Banco de España.

Aida Quintanoa aseguró que en esta trama hay "indicios que indican una participación de una sucursal de Caja España", que actuaba en nombre y representación de la entidad financiera en numerosos contratos de préstamo.

La Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España volverá a reclamar la paralización inmediata de desahucio que pesa sobre algunos de ellos, hasta que se resuelvan sus demandas penales.

Según datos de la Embajada de Ecuador en Madrid, entre 5.000 y 8.000 inmigrantes ecuatorianos en España están afectados por la crisis de las hipotecas, muchos han sido ya desahuciados y otros corren peligro de ello al no poder hacer frente a los pagos por haber perdido su trabajo.