El ecuatoriano Jesús Vélez Loor, que lleva 19 días en huelga de hambre en las puertas de la Embajada de Panamá en La Paz, afirmó hoy estar dispuesto a morir para lograr que ese país cumpla con una sentencia internacional que le indemniza con 59.000 dólares por sufrir torturas en 2002.

"Aquí va a ser mi tumba", dijo Vélez a Efe con la voz cansada pero firme desde su improvisado campamento compuesto tan solo de una silla en la puerta de la legación diplomática panameña en la zona sur de La Paz, donde también exhibe pancartas reclamando la indemnización.

Vélez, de 45 años, ha perdido siete kilos y medio desde que comenzó su huelga, ya que solo consume líquidos y sueros, aunque asegura que "esta lucha" por un buen trato para los emigrantes en todo el mundo le ha "consumido una década" de su vida.

El ecuatoriano fue detenido en noviembre de 2002 en Panamá por orden de autoridades de migración de ese país que le acusaron primero de vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y luego de ser peligroso para el orden y la seguridad pública panameña.

El hombre fue liberado diez meses después y enviado a Ecuador tras enfermarse de úlceras, perder un testículo y sufrir daños en los pies, el brazo y la cabeza a consecuencia, según dijo, de las torturas a las que fue sometido en la prisión en Panamá.

Su decisión de demandar al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA le causó problemas en su país, ya que el Gobierno ecuatoriano pensó que con esa acción "estaba dañando las relaciones" bilaterales.

Por ello, abandonó Ecuador en 2006 y logró el estatus de refugiado en Bolivia con ayuda de Amnistía Internacional.

Años después su situación cambió tras casarse con una boliviana, con quien vive actualmente en la región oriental de Santa Cruz y tiene un hijo que cumplirá dos años el próximo lunes 13.

"Lo que en mi país no conseguí este país me regaló. Yo llegué a este país con una parte de mi vida destruida y vine aquí a reconstruirla", afirmó.

En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de la OEA escuchó el testimonio del ecuatoriano y, cuatro meses después, falló a su favor condenando a Panamá por tratos crueles e inhumanos.

El Estado panameño debía pagar a Vélez la suma de 7.500 dólares por concepto de tratamiento y atención médica y psicológica especializada, además de 41.500 dólares por los daño materiales e inmateriales causados.

Sin embargo, hasta ahora el Gobierno panameño solo le pagó 7.500 dólares y no le dio información sobre el saldo.

En diciembre pasado se cumplió un primer plazo para que Panamá termine de indemnizar a Vélez, pero como ello no ocurrió, el ecuatoriano inició su huelga de hambre en La Paz.

Vélez logró el respaldo de la embajada de su país, la Cruz Roja y el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de Tortura y la Violencia Estatal, que cada dos días envían médicos para verificar el estado de su salud y suministrarle sueros.

Pero lo que más le preocupa es que el Estado panameño incumpla con la sentencia de la CorteIDH porque, según dijo, eso "está generando que se vulneren más los derechos humanos".

"El viernes 10 de febrero se cumple un segundo plazo que ha dado la Corte a Panamá, pero ya me ha adelantado que la respuesta no va a ser positiva (...) Estoy suponiendo que esta huelga se va a alargar enormemente", indicó Vélez, aunque aseguró estar dispuesto a continuar hasta lo último.