El Gobierno de Ecuador aseguró hoy que tiene listo un plan para la reconversión laboral de los empleados de los casinos y las salas de juego, prohibidos tras la consulta popular del pasado 7 de mayo.

El ministro coordinador de la Producción en funciones, Mauricio Peña, dijo en una rueda de prensa que en Ecuador hay 55 negocios legales de ese tipo, que cuentan con 2.500 empleados directos, y otros 110 ilegales con unos 1.600 trabajadores.

En cambio, la Asociación Nacional de Propietarios y Administrados de Salas de Juego sostiene que en Ecuador hay unos 160 casinos y salas de bingo, que generan unos 25.000 puestos de empleo directo y 40.000 indirectos.

La reconversión laboral estará orientada "a trabajadores de casinos y salas de juego", y consistirá en un programa de capacitación masivo para que "puedan emplearse en turismo y comercio", entre otras actividades, aseguró Peña.

El proceso de formación en las nuevas actividades para los empleados de los casinos estará a cargo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), precisó Peña en rueda de prensa.

Además, indicó que el plan de reconversión laboral está ligado a un programa de empleo denominado "Jóvenes productivos", por el cual podrán insertarse en el mercado del turismo y comercio.

De forma paralela, explicó Peña, el plan incluye una línea de "emprendimientos", para que los trabajadores que abandonen los casinos y las salas de juego puedan acceder a capacitación y financiación de sus propios proyectos productivos.

La eliminación de esos negocios se dará tras un proceso de transición, que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo inicialmente que podría demorar hasta unos dos años.

Ese proceso de transición "hay que establecerlo", afirmó Peña, aunque las salas de juego que funcionen de forma ilegal "deberían cerrar inmediatamente", apuntó Peña.

De todas formas, está "listo el plan de reconversión laboral, para quienes quieran acogerse" a él, subrayó la autoridad.

El pasado 7 de mayo, en la consulta popular, triunfó la tesis impulsada por el Ejecutivo para prohibir los juegos de azar en el país, una de las diez preguntas del cuestionario sometido al escrutinio de los electores.