El procurador general del Estado, Diego García,  solicitó hoy a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya suspender el proceso iniciado por la petrolera Chevron en contra de Ecuador por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) suscrito con Estados Unidos.

García recordó que el martes pasado la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana ratificó la sentencia en contra de la compañía.  Según la Procuraduría, con la emisión de la sentencia de casación por parte de la Corte Nacional de Justicia "cambiaron  los presupuestos fácticos del reclamo presentado por Chevron en contra del Estado ecuatoriano, volviendo inoficioso e irrelevante lo actuado hasta el momento dentro del arbitraje en marcha".

García insistió que  el proceso arbitral iniciado por Chevron y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya (caso Chevron III) fue planteado de forma prematura y equivocada por la petrolera al atacar las sentencias de primera y segunda instancias del juicio de Lago Agrio, cuando aún restaba una tercera etapa procesal ante la Corte Nacional de Justicia.

En su escrito, el abogado del Estado pidió, además, la cancelación de la audiencia fijada para enero de 2014 y, en el evento de que Chevron mantenga sus reclamos contra Ecuador bajo el TBI, la reformulación –en consulta con las partes– de los próximos pasos procesales.

El próximo miércoles, en el Hotel Quito, García presentará la  conferencia “Chevron vs Ecuador: la defensa del Estado y los límites del arbitraje de inversión”.

En el 2006, Chevron-Texaco inició un procedimiento arbitral internacional en contra del Estado ecuatoriano ante la Corte de la Haya, básandose en el TBI, suscrito entre Ecuador y EE.UU, en 1993, pero que entró en vigencia en 1997. El Tribunal se declaró competente y condenó al pago del Estado ecuatoriano de 96 millones de dólares . A esta caso se conoce como Chevron II.

Sin embargo, en el 2009, la trasnacional demandó de nuevo al Estado para que se declare que el Ecuador incumplió con el TBI.

Sin embargo, el canciller Ricardo Patiño comentó que el TBI no contempla ninguna claúsula retroactiva. Y que si hasta el 2006, las demandas de Texaco se mantuviron ante los truibunales sin decisión fue porque Texaco no tomó las medidas necesarias para impulsarlos y que resolvieran, "no mandaban los documentos que los tribunales pedían", dijo Patiño.