La incautación de bienes en el extranjero sería una de las principales consecuencias que debería asumir  Ecuador en caso de que no llegara a cancelar la indemnización valorada en  1.679 millones de dólares a la petrolera Occidental (Oxy).

Así lo advirtieron varios analistas quienes coincidieron en que es probable que sea ratificado el fallo del Centro Internacional de Arbitraje Relativo a Inversiones (Ciadi) en contra de Ecuador por el cual tendría que cancelar esa millonaria suma a la empresa estadounidense. 

Ciadi ordenó al país cancelar una indemnización a la petrolera Oxy al haber  anulado un contrato en 2006. El tribunal consideró que esa acción es una violación al Tratado Recíproco de Inversiones (TBI) firmado con Washington. Ayer, según la agencia Reuters, Ecuador presentó formalmente ante el Ciadi el pedido de nulidad de la sentencia al considerar que el tribunal se extralimitó en sus funciones.

Ecuador argumenta que Oxy no respetó la Ley de Hidrocarburos y el convenio al haber transferido el 40% de sus derechos sobre el Bloque 15 a la petrolera Alberta Energy Corp (AEC), filial de la canadiense Encana, además debió haber informado previamente a las autoridades ecuatorianas.

Los jueces  concluyeron que la caducidad del contrato fue “equivalente a la expropiación” por lo que se  violó el TBI.
Jorge Pareja Cucalón, presidente del Foro de Opinión Petrolera, reiteró que en caso de que no se cancele la deuda, el país pasaría por una serie de dificultades “como la confiscación de embarque de crudo, el embargo de cuentas corrientes, entre otras medidas”.

El especialista recordó que una situación parecida se suscitó en 1989 cuando la agencia financiera Citibank retuvo arbitrariamente 80 millones de dólares depositados en sus arcas por el Banco Central para cobrar un préstamo cuyo plazo no había vencido.

Marcelo Fernández de Córdova, ex embajador de carrera, también opinó que si no se efectúa el pago “las consecuencias serían graves”. Puso como ejemplo  la incautación de barcos de Flopec y Transae.

Jaime Gallegos, doctor en Ciencias Económicas y  docente investigador de la Pontificia  Universidad Católica del Ecuador (Puce), aseguró que existe la posibilidad de incautar el petróleo ya que se trata de un “bien público”. Incluso agregó que existen otros mecanismos como por ejemplo que Oxy exija a la justicia de Estados Unidos incautar los bienes ecuatorianos. La empresa también puede presionar al congreso norteamericano para derogar  la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (Atpdea).

Para el analista económico Pablo Dávalos, el Ciadi no tiene por qué imponer alguna sanción contra el Ecuador puesto que el país ya no pertenece al organismo. En julio de 2009, Ecuador renunció a este tribunal, luego de que la Asamblea Nacional aprobase un pedido del presidente Rafael Correa.

Con ese antecedente, Dávalos explicó que no es viable incautar el crudo puesto que la estructura económica se basa en acuerdos de largo plazo ya establecidos. “Dentro de sus ordenamientos, no le permite realizar ni incautaciones de divisas ni embargos. Si lo hace estaría quebrantando la ley internacional”, comentó.

El analista indicó que el Ciadi irrespeta las leyes ecuatorianas, ya que ha adoptado una “posición unilateral” defendiendo a una empresa de Estados Unidos.

Es por ello que sugirió que además de pedir la nulidad también se apele a otros organismos internacionales como el Tribunal de La Haya, argumentando que se está violentando la soberanía del país.