Abogado de César Verduga y Guadalupe Llori, asesor de Rosalía Arteaga, candidato del CFP, asistente a los plantones de Carlos Vera, involucrado en los violentos actos del 30-S es ahora refugiado político. 
Pablo Guerrero Martínez fue uno de los manifestantes que asaltó las instalaciones de EcuadorTV, el 30 de septiembre de 2010, en plena revuelta policial contra el Gobierno.

Luego de ingresar violentamente, este abogado de 44 años de edad, fue entrevistado esa noche en el canal público. Eso  luego de que varios de sus acompañantes destrozaran las puertas del medio de comunicación. “Somos ciudadanos que no pertenecemos a ninguna tienda política”, gritó entonces el jurista.

Meses después ofreció una rueda de prensa  con una propaganda del  Partido Movimiento Acuerdo Nacional (Mana) a sus espaldas.  

La última noticia de la que es protagonista es que se convirtió en refugiado político en República Checa, al considerar que el Gobierno “lo persigue”. Es un personaje de larga trayectoria. 

Es abogado de profesión. Laboró en el estudio jurídico Guerrero Martínez, fundado por su padre José Guerrero Bermúdez, junto a su hermano José Luis, quien también lo acompañó en los hechos del 30-S de 2010.

Según sus referencias personales, Guerrero ha estado vinculado a la vida política desde 1992 cuando  fue delegado al Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE). Además fue  Primer Vocal de la Comisión Ejecutiva Nacional de este organismo universitario.

Luego participó como candidato a primer Diputado Nacional por  Pichincha en  1994, pero no ganó. Luego intentó buscar una curul en el Parlamento Andino  por el partido político Concentración de Fuerzas Populares (CFP). Por esa tienda política se presentó como candidato presidencial en los comicios de 2009.

Previo a eso fue asesor de  Rosalía Arteaga, cuando ella ejerció la Vicepresidencia de la República, entre 1996 y 1997. 

El también catedrático universitario desmintió haber sido abogado de Lucio Gutiérrez y entre los casos más sonados en los que intervino está el de  César Verduga, ex ministro de Gobierno en la Presidencia  de Fabián  Alarcón.
Verduga   fue acusado, en octubre de 1997, de peculado y enriquecimiento ilícito por el desvío de  26.000 millones de sucres de la cuenta de gastos reservados.

También participó  en lo juicios contra el ex presidente Alfredo Palacio por el caso de  firmas falsificadas. Defendió a   Guadalupe Llori y a otras autoridades seccionales,   como el  alcalde de  Pedro Vicente Maldonado, acusado de asesinato.

No se conoce exactamente desde cuándo salió del país, pero en una entrevista que concedió a Jorge Ortiz, el 18 de agosto de 2011, en  el periódico digital La República, reconoció que se encontraba en el extranjero.        

En esa intervención Guerrero aseguró ser  activista político y no  perseguido político, aunque detalló que jurídicamente sí lo es. Y es justamente por esta razón que solicitó a la República Checa que le conceda asilo político.          

La agencia EFE publicó que tuvo acceso al decreto en  el que se concede la condición  de exiliado  al ecuatoriano. 
Según esa agencia “el Ministerio checo considera que Guerrero en su patria desarrolló una actividad encaminada a ejercer los derechos y libertades políticas, y que por esta actividad fue perseguido”.

En el documento de asilo, que tiene una vigencia de 10 años y es renovable por otros diez, se añade  que “el proceso penal que en su país sigue su curso contra el solicitante y otras doce personas tiene todos los elementos de un proceso político, y la pena que podrían recibir no guarda relación con la seriedad de la culpa”.

El canciller  Ricardo Patiño detalló que Ecuador no solicitará el retorno de Guerrero. “Puede quedarse allá, nosotros no vamos a insistir en que venga. La Función Judicial lo podrá hacer, nosotros como Gobierno preferimos tener a este tipo de personas un poquito lejos, están por allá y la pasan bien, que la sigan pasando bien”, dijo el diplomático.