El Gobierno de Ecuador no pedirá el retorno al país de Pablo Emilio Guerrero Martínez, acusado de sabotaje y terrorismo por los hechos del 30-S, y a quien República Checa otorgó asilo, aseguró el canciller Ricardo Patiño.

"Puede quedarse allá, nosotros no vamos a insistir en que venga, bueno, la Función Judicial lo podrá hacer, nosotros como Gobierno preferimos tener este tipo de personas un poquito lejos, están por allá y la pasan bien, que la sigan pasando bien", dijo el ministro en la televisión Gama.

La resolución del Ministerio de Interior checo señala que "la razón de la salida de Ecuador (de Guerrero) y presentación de solicitud de protección internacional fueron los temores de un proceso penal y el castigo por supuesto intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010" cuando hubo una sublevación policial.

Guerrero, de 44 años fue procesado tras entrar a la fuerza ese día, con un grupo de simpatizantes, al canal público EcuadorTV.

En el documento de asilo, que tiene una vigencia de 10 años y es renovable por otros diez, se indica que "el proceso penal que en su país sigue su curso contra el solicitante y otras doce personas tiene todos los elementos de un proceso político, y la pena que podrían recibir no guarda relación con la seriedad de la culpa".

El 15 de agosto de 2011, el fiscal ecuatoriano Gustavo Benítez pidió entre 8 y 12 años de cárcel para las 13 personas que irrumpieron de forma violenta en el canal público.

El fiscal argumentó durante la audiencia preparatoria que este grupo de personas cometió "un presunto delito contra la administración pública, (...) según el cual se reprimirá con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, a quienes sean encontrados culpables", señaló entonces la Fiscalía en un comunicado.