Tras el laudo final (sentencia) emitido el lunes pasado por el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el cobro de la indemnización a favor de Occidental Petroleum Corporation (Oxy) es de ejecución inmediata. Ecuador, a través de la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Ministerio de Finanzas, ya presentaron a la multinacional una fórmula de pago.       

El acuerdo amistoso al que se espera llegar busca canalizar el pago de acuerdo a la realidad económica del país y evitar que -vía judicial- la Oxy solicite el posible embargo de bienes y activos del Ecuador en el exterior, hasta cubrir los $1.061,7 millones.

Así lo explicó ayer el procurador general, Diego García, quien dijo que de parte del Ecuador hay la mejor predisposición para llegar a un acuerdo amigable como lo anunció el presidente Rafael Correa.   

“Una mejor posición para Ecuador tendrá relación siempre con el valor a pagar finalmente, y con tiempo para hacer ese pago, pero las condiciones exactas (de la fórmula de pago y lo que se acuerde) es algo que todavía no puedo señalar. No hay plazo, la decisión (laudo final) se vuelve ejecutiva inmediatamente, pero las partes estamos conversando hasta que veamos que se pueda llegar a un acuerdo”, señaló.

García indicó que el arbitraje no satisface al Ecuador, pese a que se logró una reducción de $ 700 millones con respecto al fallo del Ciadi del 5 de octubre de 2012. Este ordenaba el pago a favor de Oxy de $ 1.770 millones más intereses, con lo cual la cifra bordeaba los $ 2.000 millones.   

A decir de García, el Ciadi desestimó argumentos de peso presentados por la defensa ecuatoriana con relación al pedido de nulidad. Entre ellos citó la falta de competencia del Tribunal, al no ser la caducidad materia arbitrable; el que los reclamos fueron prematuros y no se respetó el período de enfriamiento; y la proporcionalidad de la sanción puesto que el Tribunal Arbitral se atribuyó una competencia que no tenía al declarar desproporcionada una norma de derecho interno (ver subnota).         

Con respecto a ejercer un posible derecho de repetición para que el Estado, en algún momento, cobre a quienes adoptaron la medida administrativa que finiquitó el contrato con Oxy en 2006, García dijo que eso requerirá un análisis para saber si afectó o benefició al país (ingresos versus egresos), luego de que se revirtió al Estado la explotación del Bloque 15.

Ministerio de Finanzas lo preveía como ‘riesgo contingente’

El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, al referirse ayer al laudo arbitral, señaló: “Nosotros teníamos esto registrado como lo que se denomina ‘riesgo contingente’, es decir, en cualquier momento esto (el fallo del Ciadi) podría afectar los pasivos del Ecuador”.

Explicó que desde el Ministerio de Finanzas ya venían trabajando en algunas propuestas con las que intentarían financiar la indemnización a Oxy en función de un arbitraje negativo para el país.

“Nos han notificado que Ecuador está obligado a pagar $ 1.061 millones en el arbitraje del Ciadi. Obviamente, como un Estado soberano, vamos a cumplir todo lo que las cortes internacionales obliguen al país. Hemos estado trabajando desde hace algún tiempo en una resolución amistosa con Oxy. Mandamos alternativas y ellos también nos han remitido propuestas. Vamos a seguir negociando para buscar la forma de financiar estos recursos que provienen de un arbitraje internacional”, destacó.

Tras la decisión final del Ciadi, no necesariamente el Estado tiene que pagar la indemnización en 2016. Por ello, Herrera insistió en que eso está en negociación con Oxy.     

Lo que sí destacó García es que dentro de las propuestas de Ecuador no se contempla entregar a Oxy la explotación del Bloque 15, para que se cobre la indemnización. La negociación está bajo sigilo, por lo que no se puede revelar más detalles. (I)

La petrolera destinó recursos a cabildeo y campañas políticas en EE.UU.

Una de las denuncias que el Gobierno ecuatoriano hizo en su momento fue el cabildeo que la  Occidental Corporation (Oxy) utilizó como práctica de presión para que Ecuador no expropie los activos de la petrolera estadounidense en el país.

A pesar de que años más tarde los cables diplomáticos revelados por WikiLeaks sustentaran esas denuncias, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) negó que existieran pruebas valederas.

De acuerdo con un documento sobre las políticas de inversión publicado en la organización intergubernamental ‘Centro del Sur’, la cual -según su página web- tiene como objetivo combinar conocimientos para promover intereses comunes en el ámbito internacional, la Oxy no solo utilizó canales diplomáticos para presionar al Gobierno de Ecuador, sino que invirtió dinero en ello.  

“Esto puede explicar por qué en 2006 los cabilderos de Occidental, Ian David y Robert McGee, contactaron a 6 agencias federales de Estados Unidos (incluyendo a la Casa Blanca, al Representante de Comercio de EE.UU. y al Departamento de Estado) y a las 2 cámaras del Congreso de EE.UU. sobre el ‘arbitraje – Ecuador’ y gastaron como $ 8.9 millones en ese asunto”, señala el texto.      

Esa denuncia se corrobora con la información que recoge la organización Open Secrets sobre el gasto que la Oxy mantuvo hace 9 años (solo en 2006) con William Albert Jr Collins, Ian M. Davis, Christopher Fetgatter, James Hassett, Robert McGee y Gerald Mcphee por $8,928,422. Además de la compañía de lobby (cabildeo) BKSH & Associates por $320.000. Entre 1998 y 2015 la Oxy ha gastado en cabildeo aproximadamente $70 millones (ver infografía).

En 2004, 2008 y 2011 contribuyó a la campaña de 3 candidatos al Congreso de Estados Unidos por el Partido Republicano, por un valor total de $ 3.000, y en 2012 depositó $ 10 mil al Comité de trabajos de oportunidades y libertad de acción política, el cual apoya independientemente a los candidatos para congresistas de Estados Unidos.

Otra de las prácticas de presión que se denuncian en el informe del ‘Centro del Sur’ es cómo los árbitros del Ciadi son nombrados por el Banco Mundial, lo que está estipulado en el artículo Nº4 de los reglamentos de la entidad, lo que explica que el Banco Mundial no otorgue préstamos a países que tienen sentencias pendientes en el Ciadi: Durante toda la historia del Ciadi, los EE.UU. no han perdido un caso como demandado.

Por lo tanto, advierte que el Ciadi, como un foro para la solución de controversias inversionista-Estado en el contexto del comercio y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), es peligroso, incluso para los miembros de la Unión Europea.

Finalmente, el análisis expone algunos de los excesos de las cláusulas en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI): la amplitud de la definición de inversión; inversionista y expropiación indirecta que -según el texto- ha favorecido a la Oxy. (I)

Tribunal acepta reconvención de Ecuador y Perú

El martes pasado, Ecuador y Perú fueron notificados con el laudo final dictado por el Tribunal Arbitral que conoció la demanda presentada por la compañía Consorcio-Fronterizo, contratada en el marco de la ejecución del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes.

La Procuraduría General informó ayer que el Tribunal Arbitral, por mayoría, concluyó que la demanda era infundada y declaró nula e ineficaz la resolución del contrato efectuada por el Consorcio Fronterizo.

Frente a la reconvención efectuada por Ecuador y Perú, declaró válida la resolución del contrato efectuada por los Estados en septiembre de 2013 por acumulación máxima de penalidades por parte de la contratista. En consecuencia, esta última deberá devolver el anticipo de $2 millones. Igualmente, el Tribunal ordenó la ejecución de las Cartas Fianzas por un valor de $ 2’800.000.

El procurador Diego García, al referirse a este laudo, expresó su satisfacción por el resultado y resaltó que se trata de un nuevo logro de la defensa del Estado ecuatoriano. Dijo que el laudo resuelve, con justicia, una disputa en donde la contratista quiso eludir ilegalmente las obligaciones que adquirió y trasladar a los Estados la responsabilidad.

El proceso arbitral que se desarrolló en Lima y bajo ley peruana se inició en mayo de 2013 y culminó con una audiencia procesal en abril de 2015, cuyos demandados fueron los ministerios de Agricultura del Ecuador y Perú. (I)