El pasado lunes 7 de julio de 2014, el Ecuador presentó ante una corte del Distrito Norte de California, un escrito por el cual argumenta la legitimidad de su pedido de obtener documentos supuestamente privilegiados de una compañía de investigadores privados denominada Mason Investigative Group, quienes están vinculados con Chevron Corporation y que serán utilizados por el Ecuador como evidencia en el arbitraje internacional iniciado por Chevron en contra del Estado ecuatoriano.

Esta argumentación, fue efectuada a raíz de que el Juez Nathaniel Coussin, solicitó a las partes involucradas exponer sobre si la sentencia emitida por el Juez Lewis Kaplan, dentro de la acción judicial conocida como “RICO” puede ser considerada como relevante para atender la entrega de información solicitada por el Ecuador.

La acción RICO fue iniciada por Chevron contra los abogados patrocinadores de los demandantes del juicio que por daño ambiental presentaron moradores de Lago Agrio contra la multinacional.

El proceso seguido para obtener información de Mason Investigative Group es uno de varios litigios iniciados por el Ecuador, conocidos como acciones 1782, contra compañías contratadas o relacionadas con Chevron con el fin de obtener evidencia contra la multinacional. En este caso el acceso a la información ya fue concedido a Ecuador en el año 2011, restando la entrega de información adicional requerida por el Estado ecuatoriano.

Las acciones 1782 han permitido al Ecuador obtener información valiosa con la que ha demostrado, por ejemplo, cómo los expertos ambientales contratados por -Chevron- en el juicio por daño ambiental tramitado en Ecuador, tomaron acciones para ocultar la contaminación existente.

El Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, a través de un comunicado de prensa, rechazó este lunes 14 de julio las alegaciones de mala fe y fraude que Chevron hiciera dentro de esta acción y criticó la posición tomada por el Magistrado Coussin, ya que significa un retraso en la obtención de documentación valiosa para la defensa ecuatoriana que nada tiene que ver con la controvertida decisión del Juez Kaplan. Esta -sentencia- jamás debió ser considerada como relevante en la acción 1782 seguida contra Mason Group, en primer lugar porque no se trata de una sentencia definitiva, en segundo porque el Ecuador no es una parte procesal en el proceso ante Kaplan y finalmente, porque el Juez Coussin no tiene jurisdicción para tal reconsideración.

El Procurador General del Estado, dijo estar optimista con la presentación hecha por el Estado, pues en él se manifiesta claramente que el derecho del Ecuador a obtener información es legítimo, como así ha sido reconocido en otras ocasiones por otras cortes de los Estados Unidos.