Como lo anunció el presidente Rafael Correa, Ecuador presentó el documento en el que rebate el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el texto se señala que el reporte contiene graves falencias metodológicas y falta de transparencia.

Hay una “ausencia de una metodología robusta para la sistematización, análisis y presentación de la información obtenida”, afirma el Ejecutivo. Para el Estado, las fuentes que usa la Relatoría no son transparentes y las referencias usadas son de actores privados (medios de comunicación, Fundamedios, asociaciones de periodistas, varias ONG) abiertamente confrontados con el Gobierno, lo que termina sesgando el reporte. Por eso, para las autoridades ecuatorianas las conclusiones son parcializadas e inconsistentes.

Una de las inconsistencias que señala el país es la referente a la muerte del periodista gráfico Byron Baldeón. Sobre este caso se asegura  que el Estado está cumpliendo con la responsabilidad de investigar.

Sin embargo, no es ese el punto al que le da mayor cobertura, sino a la muerte del periodista. En ese sentido, no se detalla el texto con el que el presidente Rafael Correa deploró el hecho y se comprometió a esclarecer el asesinato.

Del mismo modo, omite que la organización Fundamedios, una de las fuentes más citadas en el informe y de la que la Relatoría obtiene la información sobre este caso, fue públicamente acusada por Henry Holguín (+), entonces editor general de diario Extra, por manipular el asesinato  con fines políticos.

Ecuador también acusa a la  Relatoría de no explicar que las reformas al Código de la Democracia fueron motivadas para que los candidatos no reciban, ya sea por pagos ilegales u otros mecanismos irregulares, un trato preferencial en  los medios de comunicación durante la campaña electoral.

Tampoco menciona que existen medios privados que son propiedad de grupos económicos que, para el Gobierno, han estado vinculados con el poder económico y político.

Para el régimen no se destaca la importancia de la normativa  al exigir neutralidad a los medios, con el fin de garantizar el derecho a una información veraz, ni de los esfuerzos del Gobierno por lograr democratizar la comunicación.

Sobre la Ley de Comunicación, el Gobierno aclara que el proyecto fue ampliamente difundido en foros. En este aspecto  la Relatoría tiene una versión anterior y totalmente diferente al documento final que reposa en la Asamblea Nacional.

En cuanto al cierre de varias emisoras, el Gobierno critica que el informe  no cite cuáles fueron cerradas ni los motivos, ya que las mismas fueron suspendidas, en su mayoría, por incumplimientos legales o por la adquisición fraudulenta de las frecuencias.                 

El gobierno señala que muchas observaciones contienen casos específicos sobre lo que considera “tergiversaciones”. Por ejemplo, el informe destaca un reportaje de Teleamazonas sobre un supuesto espionaje en el Ministerio de Relaciones Laborales y posteriores retaliaciones.  “El propio canal reconoció su equivocación y pidió disculpas por la información”, contesta el Gobierno. Sobre Jaime Solórzano, la Relatoría asegura que por denunciar actos de corrupción fue perseguido. Este ciudadano acusó al secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, y a otros funcionarios, de cobrar coimas para permitir el trabajo de casinos en Guayaquil. Sin embargo,  nunca pudo probar su acusación y fue condenado por injurias.

“Llama la atención el hecho de que la estructura del informe de la Relatoría Especial no es homogénea para todos los casos. Los criterios de evaluación que se utilizan (e, incluso, la intencionalidad con la que se elabora el análisis) no son los mismos para todos los Estados, lo que pone en serio cuestionamiento la imparcialidad, el rigor y la ecuanimidad del informe y de la propia Relatoría”, afirma Ecuador.