En los últimos seis años se han impulsado reformas normativas y una política económica para alcanzar mejores condiciones laborales y minimizar el desempleo.

Según las cifras del INEC, en diciembre de 2012 la tasa de desempleo fue de 4,1%, la más baja de ese período.

Aunque también se han reducido los niveles de subempleo, una debilidad estructural de la economía ecuatoriana, que se ubicó en el 58,7% en diciembre de 2007 y en 50,9% en 2012.

En el área urbana, la estadística se redujo de 49,6% a 39,6% en igual período, pero cabe anotar que el 23,5% de los subempleados está afiliado al seguro social.

Generalmente, se piensa que el subempleo es sinónimo de precarización o informalidad, pero ¿cómo se calcula? Según la metodología utilizada por el INEC, se trata de la población en “edad de trabajar” que, estando empleada, manifiesta que sus horas de trabajo son insuficientes en función de un empleo alternativo. Es decir, son todas las personas que perciben que pueden dedicar más de su tiempo al trabajo.

Así, el subempleo se divide en “subempleo visible” y “otras formas de subempleo”. El visible corresponde a personas que trabajan menos de 40 horas y desean laborar más. Este tipo de subempleo se redujo de 12,1% en 2007 a 7,0% en 2012.

El cálculo de las “otras formas de subempleo” se complejiza, desagregándolo en tres tipos: quienes trabajan 40 horas o más y tienen ingresos superiores o iguales al salario legal y quisieran trabajar más; quienes trabajan 40 horas o más y tienen ingresos menores que el salario legal y quieren trabajar más; y las personas ocupadas que laboran menos de 40 horas, tienen ingresos menores al salario legal y no están disponibles para trabajar más.

El primer tipo de las “otras formas” no equivale a precarización o informalidad, sino a un deseo de trabajar más de la jornada legal. Este tipo de “subempleo” bajó de 31,1% a 29% entre 2007 y 2012. Sin embargo, los otros dos tipos de subempleo sí se refieren a las condiciones laborales de los trabajadores, medidos por el ingreso menor al salario legal.

A este segmento, con más confianza, podríamos llamar “informalidad” o “precarización”. La suma de estos dos tipos de subempleo bajó de 15,2% a 12,1% entre 2007 y 2012.

Así, se deben superar los vicios de metodología internacionales construidas para servir al capital. Antes de que los candidatos planteen ofertas electorales vinculadas al empleo, deben asegurarse de tener un análisis minucioso de las estadísticas de ocupación.

Deberían plantear políticas de pleno empleo que permitan no solo aumentar la cantidad de ocupados plenos, sino también de garantizar condiciones laborales dignas.

Según la Constitución, se garantiza el derecho al trabajo y, económicamente, eso es posible con programas de garantía laboral, como lo recomiendan académicos como Bill Mitchell.