La creación de un modelo alternativo de inversión convocará desde el próximo lunes, en Guayaquil, a representantes de los estados latinoamericanos que buscarán elaborar un plan de acción que sirva como sistema de defensa contra los abusos de algunas de las corporaciones internacionales.

A la cita se prevé que asistan representantes de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Ecuador propondrá, entre otros proyectos, la creación de contratos de inversión, que contengan derechos y obligaciones  tanto para inversores como inversionistas. El país busca sustituir -con este tipo de convenios- los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), cuyas cláusulas protegerían a las corporaciones y no a los Estados.

El país ya ha iniciado en el Legislativo el proceso de denuncia de 23 de los 26 TBI que Ecuador ha suscrito. También se plantea la salida, al igual que lo hizo Bolivia y Venezuela, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que está adscrito al Banco Mundial (BM).

Ecuador enfrenta actualmente más de 30 casos en el Ciadi, de los cuales los más importantes son las demandas que entablaron las petroleras Chevron y Oxy, en las que el Gobierno  desembolsaría 96 millones de dólares y 1.700 millones, respectivamente. El último caso se originó porque el Gobierno decidió  terminar el contrato por incumplimientos.

Andrés Aráuz, subsecretario de Inversión Pública de la  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), explicó que el país ha tenido una actitud crítica sobre los TBI y que por ello se plantearía un modelo alternativo de inversiones, que iría acorde al vigente Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, que  aparte de los incentivos tributarios  establece la posibilidad de que el Estado llegue a acuerdos con inversionistas, a través de un contrato específico.

El objetivo es que en estos contratos se establezcan derechos y obligaciones para ambas partes, a  diferencia de un TBI, en donde solo hay garantías para los empresarios y solo responsabilidades para los Estados. En la literatura económica estos principios se denominan “requisitos de desempeño”, que tienen que ver con planes de inversiones, generación de valor agregado, empleo, transferencia de tecnología, “esto significa que no van a ser cheques en blanco, como era el modelo  neoliberal de los TBI, sino acuerdos con ventajas mutuas para inversores y Estados”.

En Ecuador ya se han firmado más de una docena de contratos de inversión, que conforme a la ley, tienen que  aprobarse en el Consejo Sectorial  de la Producción, que es presidido por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad.

A partir de su creación en 2010, el Consejo Sectorial de la Producción aprobó la  suscripción de seis  contratos de inversión nacional y extranjera, que suman alrededor de  2.000 millones de dólares y que generarán aproximadamente  850 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos en el país.

Para Aráuz, los nuevos contratos de inversión superan  “el sistema neoliberal de cheque en blanco, que trabaja con el capital indiscriminadamente y avanza hacia protecciones o ventajas del capital específicas, pero también, con ventajas para el Estado y la sociedad en general”.