Las comisiones ciudadanas de selección encargadas de nombrar al nuevo Defensor del Pueblo y a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), comenzarán su trabajo la próxima semana.

Luego de que fueron legalmente conformadas el pasado jueves por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), desde ayer se procedió a la notificación a los integrantes, sobre la designación de la que fueron objeto. Son 10 vocales principales y 10 suplentes, por cada una de las comisiones.

Según el vicepresidente del Cpccs, Fernando Cedeño, se ha cumplido con lo que establece el reglamento de selección de los comisionados, es decir, la mitad son representantes de la ciudadanía y organizaciones sociales, y el resto representantes de cada una de las cinco funciones del Estado: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y de Transparencia.

El lunes se cumplirá el plazo para la notificación y ese mismo día se procederá a hacer pública la lista de los comisionados seleccionados, con una publicación oficial en tres diarios de alcance nacional. Luego de ello serán convocados a un proceso de inducción, antes de que asuman sus funciones, la próxima semana en que se realizará la ceremonia de posesión.

Andrea Rivera, concejera del Cpccs, formuló votos porque tanto la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) del Defensor del Pueblo, como la del CNE, cumplan con el trabajo encomendado y en forma ágil, ya que el tiempo pasa y la ciudadanía espera resultados del trabajo del denominado Quinto Poder.

Se ratificó en su criterio de que los diferentes sectores de la sociedad, estén atentos y pendientes al trabajo que cumple el Cpccs, e incluso que se les llame a rendir cuentas de lo que han hecho en más de un año de funciones.

Mientras que el concejero David Rosero reiteró su preocupación por la forma como está actuando el pleno del organismo, en donde una mayoría de cuatro (de siete) integrantes, toma las decisiones, “las cuales están ahuyentando  la participación ciudadana en los procesos a cargos del Consejo”.

Un caso concreto, dijo, fue lo sucedido el jueves, cuando con los votos de Marcela Miranda (Presidenta), Fernando Cedeño (Vicepresidente), Tatiana Ordeñana y Mónica Banegas se decidió no conformar la CCS del Defensor Público, aduciendo que no habían 30 postulantes para elegir de ellos a 20, cuando desde febrero se ha avanzado en el proceso con la participación de 26 concursantes.

“Desde hace tiempo  hubo 26 postulantes,  debemos continuar con el concurso, siempre supimos que habían 26 y no 30”, manifestó Rivera, al expresar su malestar por alargar más el proceso.

Según la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo 72, “Las comisiones ciudadanas de selección llevarán a cabo el concurso público de oposición y méritos y los procesos de veeduría e impugnación para designar a las autoridades y demás representantes de acuerdo con la Constitución, la ley y el reglamento establecido para el efecto.

La Corporación Participación Ciudadana (PC), en su calidad de veedora de los procesos de Selección de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado y miembros del Consejo Nacional Electoral, formuló un llamado a las autoridades públicas y representantes de los distintos organismos y funciones del Estado, a mantener independencia e imparcialidad en el desarrollo de los diferentes procesos de selección de autoridades que se encuentran en marcha, evitando realizar acciones o emitir declaraciones que puedan implicar interferencia en los procesos.

Mediante un comunicado oficial, señala que la Constitución política, a través de su nueva estructura, establece un mecanismo de selección de autoridades de control instituyendo la modalidad de concursos públicos, garantizando la participación ciudadana y veeduría social.

El espíritu constitucional, agrega, descansa en la voluntad de corregir las viejas prácticas poco transparentes y politizadas de nominación de autoridades, que no garantizaban estándares mínimos de transparencia, acceso a la información y presencia ciudadana.

“Por lo tanto, consideramos que cualquier declaración formulada por otro poder del Estado manifestando su respaldo por unos de los candidatos, no contribuye al objetivo de conseguir la independencia del proceso de selección, y podría convertirse en un mecanismo de presión hacia el órgano nominador, desvirtuando el sentido de la norma constitucional que motivó la creación de procesos de selección libres de manipulación e influencia política”, concluye.