Miembros de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la zona donde operó la compañía Texaco (ahora Chevron), han denunciado el ingreso de personas que van a nombre de la petrolera, que buscan dividir a las comunidades y que pierdan fuerza en sus acciones de cobro de la sentencia por los daños que causó al ambiente, informó la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Texaco (Udapt).

Humberto Piaguaje, coordinador de la Udapt, pidió a la población estar atenta a cualquier persona que vaya con ofrecimientos a cambio de que firmen cualquier tipo de papel. Añadió que esta práctica no es nueva. "Ya en años anteriores hubo un caso similar, en donde se engañaba a la gente, se les ofrecía dinero y se les pedía que firmen un documento, que luego fue utilizado en contra de las propias comunidades", indicó.

Alertó que ahora ya no solo lo están haciendo con los miembros de la Unión de Afectados, sino que aún están recurriendo a personas de comunidades colindantes con aquellas que son parte del juicio ganado a Chevron.

Luz Cusangua, presidenta de los afectados del Campo Joya de los Sachas (provincia de Orellana), sostuvo también que no es la primera vez que pasa esto. "En el 93 también vinieron un grupo de personas, hechos los técnicos; primero dijeron que iban a ver la contaminación  y les mostramos, luego empezaron a decirnos que cuánto queríamos para terminar el juicio. Ahí nos dimos cuenta que eran infiltrados y nos organizamos para que no puedan entrar a las comunidades".

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En la Joya de los Sachas (Orellana), donde existen 9 pozos que dejó Texaco, están organizados para denunciar a quienes ingresen a la zona e intenten negociar en forma particular, advirtió la dirigente.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, consideró que esta es una acción desesperada de los miembros de la compañía y que se debe a que "las acusaciones contra los demandantes ecuatorianos se están revirtiendo y sus falsedades están saliendo a la luz".

Fajardo informó que en los últimos días han tenido un revés importante, que fue el pronunciamiento del Tribunal Arbitral de La Haya, que determinó que el juicio de las comunidades fue legal. (I)