La comunidades de la Amazonía ecuatoriana, que mantienen un largo proceso judicial contra la petrolera Chevron por cuestiones de contaminación medioambiental, se reunirán con la empresa en su sede de California el próximo día 25.

Así lo explicaron hoy a Efe líderes indígenas de estas comunidades que visitaron Washington para explicar sus reclamaciones a un grupo de legisladores de la capital, tutelados por la ONG Amazon Watch.

En febrero pasado las autoridades judiciales ecuatorianas decidieron que Chevron debía pagar unos 18.000 millones de dólares por daños irreversibles al ecosistema y enfermedades graves en sus habitantes.

La multa impuesta a Chevron, considerada la más cuantiosa de la historia por una cuestión medioambiental, es resultado de un caso judicial iniciado en 1993 por el que comunidades de la Amazonía ecuatoriana, tuteladas por abogados estadounidenses, demandaron a Texaco (adquirida luego por Chevron) por la contaminación ocasionada en el periodo 1964-1990 en unas 480.000 hectáreas de selva en la Amazonía.

La petrolera se niega a pagar la multa al desestimar el juicio que se llevó a cabo en Ecuador porque, según alega, los abogados de los demandantes falsificaron datos y presionaron a peritos científicos para encontrar contaminación donde no existía.

Tras casi dos décadas de batalla legal, las comunidades indígenas continúan activas en esta lucha, por lo que el próximo 25 de mayo se reunirán con los directores y accionistas de Chevron en el marco de su junta anual, que se celebra en su sede de San Ramón (California).

"Queremos recordar a los accionistas el deber moral que tiene la compañía de reparar los daños que ha causado, pero también advertirles de que esta demanda pendiente supone un gran riesgo financiero para ellos y un perjuicio para la imagen de la empresa", argumentó el líder comunitario Humberto Piaguaje.

La actividad de Texaco en la Amazonía causó un vertido de desechos tóxicos de más de 80.000 millones de litros, que cerca de 50 años después continúa en la zona, según los demandantes.

Asimismo, aseguran, se han contabilizado 2.000 casos de cáncer asociados directamente al desastre, que también ha desencadenado malformaciones, alergias y pobreza.

"Ni siquiera nos advirtieron de que estábamos en peligro, de que eso que algunos creían era beneficioso para el reuma y se lo ponían por el cuerpo, era petróleo tremendamente dañino para la salud", relató la activista Carmen Zambrano.

"Yo perdí a mis padres a consecuencia de esta catástrofe, así que no pido dinero. Sólo pido que mis hijos no pasen por lo mismo. Y también que puedan hacer cosas tan normales como beber agua potable o bañarse", añadió el también activista Servio Curipoma.