La misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que investiga el alzamiento policial del 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, que el Gobierno interpretó como un intento de golpe de Estado, señaló hoy que los hechos de ese día supusieron “una amenaza al orden constitucional y democrático”.

La ONU emitió ayer un comunicado en el que relata las reuniones de esta semana de los delegados con el presidente de Ecuador, Rafael Correa; con autoridades civiles y militares, así como con diversos actores políticos y representantes de la sociedad civil y la academia.

Correa recibió el miércoles anterior  al argentino Óscar Fernández Taranco y al uruguayo Elio Tamburi, delegados del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para investigar el caso, por pedido del propio Gobierno ecuatoriano.

El 30 de septiembre de 2010, unos 1.200 policías y militares, según cifras oficiales, participaron en una protesta por motivos salariales que derivó en un alzamiento de proporciones. Ese día, Correa, que acudió a hablar con los agentes sobre sus inquietudes salariales, fue agredido y quedó atrapado en un hospital de la Policía, del que solo pudo salir en la noche tras una operación de militares y policías leales, en medio de un intenso tiroteo. En los enfrentamientos en Quito, entre los amotinados y fuerzas leales al Gobierno, murieron cinco personas.

Fernández Taranco dijo en el comunicado: “Los varios hechos del 30 de septiembre, que amenazaron la vida de Correa, obstaculizaron la labor legislativa, causaron el cierre de aeropuertos, así como otros acontecimientos, constituyeron un intento de desestabilización política y una amenaza al orden constitucional y democrático”.

“Estos hechos generaron alarma en la región e internacionalmente, por la posibilidad de que pudiesen culminar en un golpe de Estado”, apuntó la declaración.

El enviado de la ONU exhortó a completar los procesos judiciales en curso en Ecuador al respecto, respetando el debido proceso.

Quejas de la oposición

Por su parte, el asambleísta de oposición César Montúfar declaró su “inconformidad y protesta” por lo que considera “parcialidad” de la misión de la ONU.

Montúfar no expuso ante los delegados de la ONU su versión de los hechos tras enterarse de que la misión “no pretendía reunirse con ninguna de las personas, que no son parte del Gobierno, cuyos derechos humanos fueron violentados alrededor de los hechos del 30 de septiembre”, dijo en un comunicado.

Los delegados de la ONU salieron el jueves por la noche de Quito, según informó a EFE  una fuente de esa entidad, y elaborarán un informe sobre el motín que presentarán a Ban Ki-moon, quien será el encargado de emitir un documento  sobre esos hechos.