Según el Decreto Ejecutivo N° 933 del 9 de noviembre, en el que el presidente Rafael Correa ordenó la desocupación inmediata de dichas instalaciones, el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) le solicitó que considerara la salida del Colegio de Abogados del Guayas (CAG) el 29 de septiembre pasado.

El argumento principal era que la presencia del gremio “no beneficia las actividades judiciales, ni contribuye a su seguridad”.

Además, sostienen que “se han ingresado y sacado bebidas alcohólicas”, “se ha irrespetado personal policial” y que “existen problemas con un equipo audiovisual que transmite videos musicales estridentes e inapropiados”.
El gremio  rechazó esos argumentos, calificándolos de “injurias”.

El secretario del CAG, Pedro Granja, contó que el equipo audiovisual (referido en el Decreto) “no tiene audio por ende es imposible que genere ruidos”. En ese televisor promocionan cursos gratuitos, agregó.

Además, explicó que en el Decreto Ejecutivo no anula el mandato del ex presidente Jaime Roldós, donde donó ese espacio al gremio “a perpetuidad”. Por lo que la decisión de Correa “carece de validez jurídica”, dijo Granja.

El CJT también ha señalado que la orden para que el CAG desocupe esas instalaciones es porque tiene contemplado incrementar las judicaturas, por lo que es menester contar con más espacio físico en el edifico judicial que tiene más de 30 años de funcionamiento.

Así, el Colegio de Abogados deberá ser desalojado por la fuerza pública, tal como corresponde en casos de desacato a una orden presidencial. El delito de desacato consta en el artículo 234 del Código Penal y puede ser reprimido con prisión de 8 días a un mes.