La sala del Congreso Nacional presenta un silencio de panteón abandonado, sin embargo, el instante es tenso y se palpa en cada gesto de los presentes.

“Se usa el dinero del pueblo ecuatoriano, por una parte...”, se detiene en su alocución el legislador León Febres Cordero para sacar de debajo de su curul un portafolio. “... para regalar estas muñecas de trapo, para regalar estas porquerías de patines, para regalar estos carros, para regalar estos confites, para regalar estas mamarrachadas que generaron lágrimas de decepción en los ojos de los hijos de los miembros de la Policía Nacional y, por otro lado, se ha utilizado parte de ese dinero para que usted y sus amigos del régimen se regalen costosos juguetes, señor ministro”.

El silencio que hasta hace pocos segundos dominaba el recinto parlamentario se transforma en una ovación por parte de los seguidores del líder de la bancada socialcristiana. En la otra orilla, el interpelado, el ministro de Gobierno, Carlos Feraud, se limita a observar fijamente cómo Febres Cordero  zarandea un par de patines de plástico y las muñecas de trapo.

Este momento de la historia legislativa -que para muchos significó la catapulta para que Febres Cordero tres años después llegara a Carondelet- costó la cabeza de Feraud, porque el 14 de septiembre de 1981 el propio funcionario presentó su dimisión del cargo, pero a esto se sumó, dos días después,  su censura y destitución del Ministerio por parte del Senado ecuatoriano.

Este juicio político emprendido por el legislador guayaquileño es uno de los más recordados en la vida política nacional, pero a la vez es tomado como referencia de lo que en muchas ocasiones se convierte este proceso parlamentario, en donde la fuerza del Derecho queda opacada por intereses políticos o para ganar protagonismo en el ruedo electoral.

Los alcances de los juicios políticos son nuevamente analizados en el país una vez que el Legislativo se encuentra enfrascado en otra pugna, esta vez para definir los procesos de fiscalización al interior del pleno, algo que, según la oposición, ha sido nulo desde la llegada de Rafael Correa a la Presidencia de la República y de que Alianza PAIS hubo captado la mayoría en la Asamblea Constituyente, en la Comisión Legislativa (también conocida de manera burlona como ‘Congresillo’) y en la posterior Asamblea Nacional.

En la actualidad, para llevar a un funcionario de Estado a esta diligencia, es necesario un informe favorable y la aprobación  de los seis miembros de la mesa de Fiscalización del Parlamento. Pero el pleno, la semana anterior, impulsó una serie de reformas a la normativa de la Función Legislativa en la que se incluye la creación de una comisión de sustanciación de procesos de fiscalización y control político, es decir que el pleno tomará la decisión de archivar o no el pedido de juicio político, más allá de las resoluciones que se den en la mesa correspondiente.

Con esta estipulación, la suerte de un funcionario público, incluido el propio Presidente de la República, estará en manos de 63 votos. Como lo afirma el afamado jurista español  Manuel Aragón Reyes: “Tal decisión (la de la censura a un funcionario) no se toma por la fuerza del Derecho sino de los votos”.

El fuego cruzado de la política

Corría la mañana del lunes 2 de octubre de 1995. La capital, como de costumbre, amaneció con un clima de alborada fría pero cambiante, que pasó al mediodía a pleno sol, para cerrar, nuevamente, con una tarde y noche con niveles casi gélidos.

Pero en donde jamás cambió la temperatura -un hervidero, casi literalmente- fue en los pasillos y el pleno del Congreso Nacional. La atención del país se centraba en ese recinto una vez que para las 15:00 se había citado, por primer vez en la historia republicana, al Vicepresidente de la República,  para enfrentar un juicio político por la acusación de malversación de fondos de gastos reservados del erario nacional.

Ese lunes, muy probablemente, tuvo que haber sido uno de los días más agobiantes para Alberto Dahik, figura “dura” de las huestes conservadoras y, según cercanos colaboradores,  la “voz dirimente” en las decisiones del gobierno de Sixto Durán Ballén.

Difícil porque aquella mañana Dahik recibió un golpe devastador: Durán Ballén, ante la polémica alzada desde el Legislativo, recomienda a su vicepresidente que dé un paso al costado. Ahora solo quedaba mover las fichas del tablero parlamentario. Freddy Bravo y Leonardo Escobar,  cercanos coidearios de Dahik, intentaban cabildear con los interpelantes que estaban encabezados por Rafael Cuesta y Xavier Neira. Pero todo fue en vano. A las 17:00, el Segundo Mandatario empezó su defensa ante el pleno, en donde, por ley, tenía ocho horas para presentar sus pruebas de descargo a los diputados que lo acusaban. 

Como contrarréplica, tres interpelantes  arremetieron con vehemencia en sus acusaciones. El escenario era álgido, los gritos resonaban en el Parlamento y, como para sazonar el ambiente, en la segunda parte de la defensa de Dahik un temblor de casi 5 grados hizo salir corriendo a más de uno y derivó en la suspensión de la sesión.

Los debates se extendieron hasta las 06:00 del viernes 6 de octubre. Las palabras finales en la defensa del Vicepresidente fueron: “Yo, señores, podré haber tenido errores, pero estas manos están limpias y sin sangre”... Un mensaje directo a León Febres Cordero, a quien Dahik acusó de ser su mayor perseguidor y  contra  quien, durante el juicio, hizo graves acusaciones, como haber provocado una crisis económica a propósito durante su gobierno para beneficiar a grupos de poder,  planificar la colocación de droga en un vehículo para inculpar de posesión a Abdalá Bucaram Ortiz y hasta  planear asesinatos de miembros de Alfaro Vive Carajo (AVC).

El fuego cruzado terminó ese amanecer en el Congreso, pero desde la Corte Suprema de Justicia ya se oía  que en pocas horas se dictaría la orden de prisión en contra del Vicepresidente. Dahik se adelantó y el 11 de octubre, en un remitido escrito a mano, dimitió ante el Legislativo; para el 15 ya estaba en Costa Rica, en el ostracismo.

Lo curioso del caso fue que en el pleno del Parlamento, y a pesar de todo el empuje del aparato político socialcristiano, la causa contra el Segundo Mandatario no prosperó. En esos días habían 79 legisladores y se requerían al menos 41 votos para censurar a un funcionario. A favor de castigar a Dahik votaron 39 diputados, 20 estuvieron en contra, 14 se abstuvieron y los demás se ausentaron.

El juicio en contra de Alberto Dahik es tomado por analistas políticos y juristas como un ejemplo de que la diligencia puede ser utilizada como un arma, debido a que el proceso continuó contra el Vicepresidente a pesar de que el pleno no dio paso a la censura.

Además, especialistas consultados recuerdan que en la causa emprendida contra Dahik se vulneraron varios puntos básicos del debido proceso. Entre ellos, y para empezar, que el presidente del Congreso de esa época, Fabián Alarcón, permitió que en la sesión participaran cinco  interpelantes: tres socialcristianos -Rafael Cuesta, Xavier Neira y Marco Flores-, a los que se sumaron Juan José Castelló (MPD) y Frank Vargas Pazzos (APRE), cuando la ley solo concedía la palabra a uno de ellos.

Antonio Baldassare, uno de los constitucionalistas más prominentes en Italia, sostiene que el juicio político no puede ser considerado como  una institución jurídica, sencillamente porque carece de la estructura legal propia de un proceso y porque los interpelantes están más pendientes de optimizar sus niveles de aceptación electoral, y en esa empresa no interesa irrespetar, por ejemplo, el debido proceso.

Una de las normas esenciales  es la de convocar a un interpelado  teniendo como base las acusaciones probadas, cosa que en  el caso del juicio a Dahik,  por ejemplo,  estaba a medias, porque si bien los interpelantes habían iniciado las investigaciones dos meses antes -a través de la Corte Suprema de Justicia-, las pruebas no eran contundentes y solo tiempo después del viaje a Costa Rica de Dahik se empezaron a hacer análisis de las cuentas bancarias del funcionario para intentar demostrar que  había enriquecimiento ilícito.

Otro de los aspectos primarios para llevar al estrado a un personaje público es el de permitir que éste conozca de antemano sobre las acusaciones que se formulen en su contra. Dahik conoció muchos de los aspectos de los que se lo acusaba recién en el pleno del Parlamento.

Un presente con dos visiones distintas en la Asamblea

La actual Asamblea Nacional tiene un “récord” bajo de juicios políticos, según la oposición. Y es que los representantes de los partidos políticos tradicionales añoran aquellas épocas, especialmente la del noventa, en que estos procesos eran casi una obligación para los diputados, tanto así que se estima que entre 1979 y 1995 hubo 179 amenazas de juicios políticos, de las cuales se llevaron a cabo 37.

Este ritmo vertiginoso de causas tuvo un descenso notorio al iniciar el nuevo siglo, llegando en la actualidad a solo dos. En este período legislativo se han realizado dos procesos en contra de funcionarios: Uno contra Gloria Sabando, ex Superintendenta de Bancos -a quien se censuró-, y otro en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura, presidido por Benjamín Cevallos, que no alcanzó los votos necesarios para la sanción.

Hasta el momento, la Comisión de Fiscalización archivó un total de 14 interpelaciones, algo que ha enardecido a legisladores socialcristianos, del Movimiento Popular Democrático (MDP) y de Sociedad Patriótica (SP), que han sido los que más propuestas de juicios han presentado.

Desde la orilla oficialista se defiende la actuación de la Comisión de Fiscalización, al aseverar que el juicio político no tiene que ser un “show” a utilizarse  para ganar notoriedad en el Parlamento. Estas afirmaciones coinciden con las del líder de PAIS, el presidente Rafael Correa, quien en más de una ocasión ha defendido a sus ministros cuando desde la Asamblea se intenta interpelarlos. “Fiscalizar  no es solamente el show del juicio político (...) Rechacemos estas payasadas, eso no es democracia, es circo”, dijo el gobernante en su enlace sabatino del pasado 24 de diciembre.

Las discrepancias suben de tono cuando desde el Ejecutivo se ha anunciado que se vetarán las reformas de la Ley del Legislativo -a pesar de que aún no se han terminado de votar- por el carácter de “colegislador” que tiene el Presidente,  contemplado en la Constitución.

Por otra parte, una mayoría móvil, encabezada por Sociedad Patriótica e “independientes”, está logrando que desde el mismo interior de PAIS se ceda en el tema de fiscalización. Dentro del 80% del paquete de normativa que ya fue aprobado por el pleno, se quitó el poder para que la mesa de fiscalización pueda archivar las interpelaciones.

Estas atribuciones  son vistas con preocupación por varios analistas jurídicos,  quienes afirman que la intención no es la de socavar el trabajo de fiscalización parlamentaria, pero sí la de impedir que los juicios políticos sean utilizados como instrumentos de persecución hacia funcionarios.
Pedro  Javier Granja, magíster en Justicia Constitucional y secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, en un texto titulado “El Juicio Político en el Estado Constitucional”, publicado en distintos portales electrónicos, argumenta que en estas diligencias se debe procurar “que no se vulneren (sic) de ninguna manera los derechos fundamentales del ‘imputado político’, para que no vuelvan a ocurrir capítulos tan vergonzosos como el protagonizado por un grupo de audaces de extrema, sin el más remoto conocimiento de psiquiatría, quienes, luego de declarar demente al propio Presidente de la República, se repartieran el país, sin permitirle ejercer de modo alguno su constitucional derecho a la defensa”.