Luego de la publicación de diario El Telégrafo, en la que demuestra los negocios de la prensa, la Comisión de Tránsito del Ecuador  (CTE) inició una investigación interna.

En la edición del 3 de mayo, este  diario público informó sobre las irregularidades del antiguo edificio de la Terminal Terrestre de Guayaquil, en las que estuvieron involucrados varios accionistas de El Universo.

La investigación cobra relevancia en medio de la coyuntura de la consulta popular, en la que el Sí ganó en las preguntas 4 y 9 que tratan sobre la prensa.

La primera establece la prohibición constitucional de que los dueños y directivos de los medios de comunicación no tengan otros negocios. Lo mismo ocurre para los banqueros.

Mientras que la interrogante 9 consulta a la población sobre la redacción de una Ley de Comunicación que cree un Consejo Regulatorio de contenidos.

A partir de la indagación, la CTE (anteriormente Comisión de Tránsito del Guayas)  encargó al abogado Antonio García una investigación particular.

El jurista, en una rueda de prensa efectuada ayer en el puerto principal, anunció las conclusiones preliminares.

Cabe destacar que la construcción de la Terminal Terrestre estuvo a cargo de la desaparecida CTG.

García indicó que en 1978 la CTG compró a la empresa Prenor los terrenos donde se iba a levantar la obra y los planos arquitectónicos.

Con esta adquisición, la CTG abre un concurso público para elegir a la constructora de la terminal. Se presentaron 11 candidatos, pero solo 4 fueron calificados.

Pese a esto las autoridades de la CTG solicitaron que se autorice la contratación directa de la obra. Bajo este mecanismo se seleccionó a Fujita para que edifique la obra.

En esa misma época se creó la empresa Matricsa, que se convirtió en la proveedora de Fujita, especialmente de vigas y losetas.

García explicó que la terminal estuvo lista en 1984, pero ya desde ese momento se detectaron problemas. Dos años después, en 1986, Fujita presiona a la CTG para que reciba la obra.

Ese mismo año los problemas en la estructura de la Terminal Terrestre se volvieron insostenibles y como la CTG se rehusó a hacer los últimos pagos a Fujita, esta entabló una demanda que fue ganada en primera instancia. Ya en la apelación, la justicia le dio  la razón a la entidad estatal.

En esta última sentencia, se ordena a Fujita pagar una indemnización a la CTG que nunca fue cumplida. García señaló que el perjuicio al Estado ecuatoriano ascendió a 400 millones de sucres, que en el cambio de la época eran 100 millones de dólares. “Un verdadero atraco”, aclaró.

Los accionistas de Prenor eran Martín Icaza Pérez, Gianni Garibaldi Úraga, León Roldós y Jorge Sosa Torres. Esta empresa hizo un aumento de capital en el que participó la compañía Adan, cuyos accionistas eran Carlos Pérez Perasso (fallecido), María Teresa Pérez de Campos, Carlos Pérez Barriga, Rosa Delia Pérez de Miraglia y Priscila Pérez Barriga.

Los accionistas de Matricsa eran Miguel Garzozi, Eduardo Dahik Safadi, Alberto Dahik Garzozi y Roberto Falconí Peet. Esta empresa también pasó por un aumento de capital que benefició a Inamasa, cuyos propietarios eran Carlos Pérez Perasso, María Pérez Barriga, Rosa Pérez Barriga, Priscila Pérez Barriga, Carlos Pérez Barriga y Jorge Robles Morales.

Matricsa fue la encargada de proveer  las vigas y losetas a la construcción de la terminal. Poco después de la entrega de la obra estas se deterioraron y terminaron cáyendose. García dijo que estaban podridas por lo que, aseguró,   se perjudicó al Estado ecuatoriano.

El abogado explicó que la investigación apenas empieza, puesto que faltan documentos por recopilar. Algunos, dijo, han desaparecido.

También señaló que se ha pedido información al Registro Mercantil  para verificar si las compañías involucradas aún existen.

García reiteró que se analizarán las opciones legales que tiene la CTE para tratar de reactivar el caso. Y agregó que los involucrados ya conocían de la investigación, por lo que han empezado una campaña de retaliación, en referencia a las notas publicadas por El Universo que cuestionan la gestión de Ricardo Antón en la CTE. Los resultados de la investigación se entregarán a la Secretaría de Transparencia de Gestión.