El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló que no se puede decir que se cometieron crímenes de guerra el 30 de septiembre de 2010, cuando tuvo lugar un alzamiento policial supuestamente por afectaciones a los derechos laborales de los policías en Ecuador, porque es inaplicable el derecho internacional humanitario a esa situación.

El propio Gobierno Nacional consultó al CICR inmediatamente tras esa jornada si en ese día tendría vigencia el derecho internacional humanitario, el cual establece normas durante conflictos armados, pero ese organismo le respondió que no, reveló a Efe Cédric Schweizer, jefe de la delegación regional del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú.

“Hay condiciones de aplicación, es organización de los grupos, pero también intensidad en los enfrentamientos”, explicó el funcionario.

“No hablamos de cuántas balas o muertos -añadió Schweizer-, hablamos en el tiempo, hablamos de muchos días para llegar a una situación donde el DIH (derecho internacional humanitario) puede ser aplicable, que no fue el caso del 30 de septiembre”, jornada en la que murieron diez personas en Ecuador.

Eso significa que tampoco se puede decir que ese día hubo crímenes de guerra, según el CICR, que actúa desde hace un siglo y medio como guardián del derecho internacional humanitario, el cual consiste en los principios que deben respetar los combatientes en conflictos armados, como no atacar objetivos civiles.

“Normalmente crimen de guerra se aplica cuando el DIH es aplicable”, por eso es que “no podemos hablar de crimen de guerra en una situación como lo que pasó el 30 de septiembre”, dijo Schweizer.

Este punto es uno de los más discutidos por la oposición en el país. Incluso, el ex editor de opinión de diario El Universo, Emilio Palacio, fue enjuiciado por el presidente Rafael Correa por haber asegurado en un editorial que el Jefe de Estado, en un futuro, podría ser  enjuiciado por haber cometido actos de lesa humanidad por haber ordenado fuego a discreción a un hospital lleno de civiles durante la jornada de sublevación policial de septiembre de 2010.

Como consecuencia de este texto, el Primer Mandatario también demandó a la compañía El Universo S.A. y a sus principales directivos -Carlos, César y Nicolás Pérez- por considerarlos autores coadyuvantes del delito. 

El directivo de la CICR explicó que los hechos de ese día deben investigarse con base en la ley ecuatoriana, pero “no pueden usar el DIH y decir que fue un crimen atacar un hospital que es protegido por el DIH”, afirmó. En esa jornada casi 900 policías y militares, según cifras oficiales, participaron en una protesta por motivos salariales que derivó en un alzamiento.

El  Primer Mandatario, que había acudido a hablar con los agentes en la sede de un regimiento en Quito para que suspendan la huelga que habían anunciado, fue agredido y se refugió en un hospital de la Policía, del que sólo pudo salir al final del día gracias a una operación de rescate. En los enfrentamientos de ese día  murieron cinco personas (dos policías, dos militares y un civil), mientras que otras cinco fallecieron en Guayaquil por la falta de patrullas y seguridad en las calles.