La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) iniciará este lunes en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil su 45 Período Extraordinario de Sesiones que se extenderá hasta el próximo viernes y en el que revisará denuncias presentadas contra El Salvador, Guatemala y Honduras.

La Corte convocó para mañana a una audiencia pública sobre la denuncia de masacres sucesivas imputadas a militares salvadoreños, a quienes se les acusa por la muerte de más de mil personas en 1981, cuyo caso se conoce como "El Mozote".

Jueces de Perú, Costa Rica, Argentina, Jamaica, República Dominicana, Uruguay y Chile se encargarán del caso que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, se trataría de "una de las manifestaciones más aberrantes de los crímenes de lesa humanidad" cometidos por militares salvadoreños.

El miércoles la Corte, con sede en Costa Rica, convocó una audiencia pública contra el Estado guatemalteco por el caso Gudiel Álvarez o "Diario Militar", por la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de 26 personas, divulgada en 1999.

Según la CIDH, este caso se encontraría en la impunidad, debido a que el Estado de Guatemala no habría realizado una investigación seria, ni identificado ni sancionado a los responsables materiales e intelectuales.

El jueves, en otra audiencia pública, la Corte Interamericana tratará la denuncia de desaparición y posible asesinato en 1984 del sindicalista y dirigente estudiantil guatemalteco Edgar Fernando García.

El Estado guatemalteco ha reconocido su responsabilidad internacional, total y parcial, respecto de las distintas violaciones de derechos humanos alegadas, aunque la CIDH ha señalado que aún hay controversia sobre varios asuntos relacionados con el proceso.

Finalmente, la Corte el viernes tiene previsto dictar una sentencia sobre el fondo, las reparaciones y costas judiciales en el caso conocido como "Pacheco Teruel", cuya responsabilidad internacional ha aceptado el Estado hondureño por la muerte de 107 personas privadas de libertad en el centro penal de San Pedro Sula, en mayo de 2004.

En febrero pasado, la CorteIDH informó que los demandantes y las autoridades de Honduras habían firmado un acuerdo de solución amistosa en este caso, luego que el Estado reconociera su responsabilidad en los hechos.

Por otra parte, la Corte, en el marco de su periodo de sesiones, realizará el próximo martes una serie de seminarios sobre "La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", los "Derechos de los pueblos indígenas" en la normativa del organismo, el "Derecho a la integridad personal" y el "Control de Convencionalidad".

El 45 periodo extraordinario de sesiones de la CorteIDH, que tendrá lugar en Guayaquil, estuvo antecedido por la visita ayer, sábado, de una comisión de ese tribunal a los territorios del pueblo indígena Sarayacu, en la Amazonía ecuatoriana.

Hace diez años el pueblo Sarayacu presentó ante la CorteIDH una demanda contra el Estado ecuatoriano por la entrada en su territorio de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) y la colocación de explosivos (pentolita) en sus tierras para labores de exploración.

Esa operación se efectuó de forma arbitraria y "sin consultar a la comunidad de Sarayacu", admitió ayer el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que también aceptó la responsabilidad del Estado en este caso, aunque aclaró que no se produjo en su Gobierno y que ya se dejó sin efecto la concesión a CGC.