La Corte de Justicia de Morona Santiago negó el martes los pedidos de ampliación y aclaración que realizó el asambleísta José Acacho, quien fue sentenciado a 12 años de reclusión mayor por el delito de sabotaje y terrorismo.   

Acacho espera que el caso  llegue a la Corte Nacional, a la que presentarán varias apelaciones. Además adelantó que llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de a cortes europeas.

En días pasados, el presidente Rafael Correa no descartó la posibilidad de otorgar amnistía a varios sentenciados acusados por diferentes delitos, entre ellos, sabotaje y terrorismo. Sin embargo, Correa aclaró que este beneficio no lo otorgará a personas involucradas en la muerte del maestro Bosco Wisuma, justamente por lo que está acusado Acacho.

Carlos Pérez Guatemal, presidente de la Ecuarunari, dijo que “Pepe Acacho y Cléver Jiménez han dicho no gracias a la amnistía, mil veces la cárcel, antes de ir de rodillas a la Asamblea o al gobierno, que es causante de la criminalización”.

Acacho fue sentenciado por su presunta responsabilidad en la muerte de Wisuma, ocurrida el 30 de septiembre de 2009, durante una protesta contra el Gobierno.

El asambleísta Gabriel Rivera, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, explicó que  el artículo 120 de la Constitución da la facultad a la Asamblea de entregar indultos por razones humanitarias y la amnistía por delitos políticos.

Explicó que hace dos sábados, la dirigencia de PAIS sugirió que podía haber amnistías para ciertas personas que están sentenciadas. Detalló que en Montecristi ya se entregaron amnistías e indultos.

Contó que “informalmente” en la Asamblea se ha hablado sobre presuntos indultos a líderes indígenas, pero no en una sesión de bloque. “Sabemos que hay una predisposición de dar amnistía a quienes han cometido errores, delitos, pero para aquellos que no tienen que ver con haberle quitado  la vida a  una persona”, indicó.

Pérez sostiene que la judicialización de “200 líderes indígenas procesados judicialmente” no debe estar en un eventual diálogo con el gobierno. Dijo que en 2007 ya se habló de  amnistías, y que  se concretó la primera y la segunda en 2008, “de pronto aquí puede haber una tercera amnistía...pero mientras no se ataque la causa, que es el extractivismo, vamos a seguir en un círculo vicioso de criminalización de la protesta social”, sostuvo.

Bartolo Ushigua, presidente encargado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo que el movimiento indígena ha denunciado constantemente la situación de una violación de derechos humanos y la criminalización de la protesta social.

Precisó que Acacho y Pedro Mashiant, presidente de las juntas parroquiales de Morona Santiago, no cometieron el delito de sabotaje y terrorismo: “los compañeros actuaron en donde convocan las organizaciones sociales, reclamando sus derechos”, acotó. Para Ushigua, el  gobierno quiere “criminalizarlos y discriminarlos, pero no nos vamos a asustar”.

ANTECEDENTES

Fanny Campos, presidenta de Pachakutik, sostuvo que con esa sentencia se están atropellando los derechos: “hoy más que nunca estamos unidos”. También  dijo que  Pachakutik no está dividido y ni es afín al gobierno: “nosotros respondemos a unas bases y no podemos tomar decisiones personales”.

Sobre este tema, el asambleísta Cléver Jiménez convocó a la unidad de Pachakutik alrededor del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional. “Debemos aunar esfuerzos en todas las acciones que debe enfrentar la agrupación política a corto, mediano y largo plazo”, señaló.

Carlos Pérez Guatemal, presidente de la Ecuarunari, sostuvo que no le tienen miedo a la cárcel: “no hay mejor escuela que la cárcel para la resistencia”, acotó.