El presidente Rafael Correa ordenó ayer levantar la  reserva de todos los documentos e informes especiales de los operativos militares y policiales efectuados el 30 de septiembre de 2010. El objetivo, dijo el Mandatario, es evitar el aprovechamiento y la tergiversación  dentro de las investigaciones que se realizan   en torno a la sublevación policial de aquella fecha.

Así lo anunció el gobernante en una rueda de prensa en la cual  estuvo acompañado por el vicepresidente Lenín Moreno y los  ministros de Justicia, Johanna Pesántez;  de Defensa, Xavier Ponce;  de Seguridad, Homero Arellano; del Interior, José Serrano; y el vicecanciller Kintto Lucas.

Correa explicó que “el Gobierno Nacional ordena la desclasificación de informes sobre el 30-S ante la perversa campaña montada por ciertos medios de comunicación y grupos político, que pretenden  confundir a la opinión pública sobre los dolorosos hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010”. 

La desclasificación incluye los informes de inteligencia, datos de operativos, cifras, fotos, vídeos  y demás documentos, sin embargo se mantendrá protegida la identidad de los soldados que participaron del rescate al Presidente, por estricta seguridad y cautela de su integridad. Y es que en días pasados se registraron agresiones a miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO),  hechos que están siendo investigados.

Pedidos a organismos

El Mandatario agregó que como parte de las acciones de investigación para dar con los responsables de los hechos del 30-S, en los próximos días se solicitará al principal de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), Bharrat Jagdeo, y al secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, que nombren comisiones que  emitan   informes relacionados a estos hechos.

Entre los temas que analizarán las comisiones están si hubo o no un intento de magnicidio contra el Presidente de la República y  si la retención del Primer Mandatario en el hospital de la Policía fue un ‘show’ como aseveran ciertos actores políticos. Además se determinará si se ordenó abrir fuego contra un hospital lleno de civiles y en caso de ser esto cierto se buscará a los responsables.

Asimismo se indagará sobre si hubo o no el intento de romper el orden constitucional; y si existe el más mínimo indicio de que el Gobierno Nacional ha tratado de ocultar información o borrar alguna evidencia de aquel día.

Correa aseguró  que el Gobierno tomó la iniciativa de proponer la conformación de las comisiones internacionales como un acto de sensibilidad extrema ante la memoria de los ciudadanos que ofrendaron su vida y la de aquellos que se movilizaron para salvar la democracia.

Esto pese a que el escrutinio externo se considere innecesario y denigrante frente a las contundentes evidencias, lamentó  el gobernante.

Arellano dijo que la desclasificación permitirá  certificar que sí se intentó dar un golpe de Estado y atentar contra la vida de Correa ese día. Además confirmó que  los documentos ya se encuentran en la Fiscalía General del Estado para conocimiento del público y para las investigaciones del caso.

Ponce reiteró que no se revelará por seguridad  ninguno de los nombres de los militares que participaron en las operaciones del 30-S.