El presidente de la República, Rafael Correa, calificó el cierre de vías registrado ayer en Azuay como un "completo fracaso" y rechazó las violentas manifestaciones que dejaron varios policías heridos.

La medida tenía como fin pedir a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que exija el comprobante de pago de la tasa solidaria como requisito para la matriculación vehicular.   

"Cierre de vías por prefecto de Azuay (Paúl Carrasco): completo fracaso. Policía quemado con ácido en la cara. Culpables serán sancionados, y dirán nuevamente criminalización de la protesta social. Cuenca y Azuay rechazaron esta clase de prácticas del viejo país", escribió hoy el Mandatario en su cuenta en Twitter.

Representantes de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales y Parroquiales Rurales de la provincia expresaron ayer su posición y plantearon varias propuestas. Subrayaron que es al Gobierno Central al que le corresponde "el ejercicio de las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión de la red vial nacional".

En un manifiesto recalcan que en este ámbito la inversión del Gobierno ha sido "histórica". Mencionan así que en Azuay se han invertido $560 millones, sextuplicándose las inversiones.

También subrayan que la Prefectura de Azuay, desde el 2007, mantiene  la Ordenanza que regula el sistema de gestión vial de la provincia” por la cual crea la Tasa Solidaria, "misma que no ha resuelto las necesidades de la vialidad rural en 8 años de gestión".

"No existe un plan vial que involucre a los alcaldes y juntas parroquiales para tratar este tema de manera integral, y la conclusión es que la Prefectura no tiene ni una sola vía expedita", subrayan.

También exponen que la Prefectura del Azuay, con el fin de desvincularse de su competencia de la vialidad rural, endosa a las juntas parroquiales la responsabilidad del mantenimiento su red vial. "Se pretende de manera irresponsable hacer creer que este sistema perverso funciona en el sector rural, sin que para el efecto se entregue ni un solo centavo de los más de $38 millones que recibe del Gobierno Central para que cumpla con sus competencias", indican.

Aseguran que los recursos que se obtienen de la tasa solidaria se han convertido en un "mecanismo clientelar permanente, teniendo a los GAD parroquiales engañados como si este fuera un modelo exitoso". Aseguran que "hay juntas parroquiales a las que se les adeuda parte de esta tasa desde el año 2012".

De allí que pidieron al Ministerio de Transporte y Obras Públicas declare la emergencia  vial rural y periférica a la provincia, por un periodo de doce meses, conformar el Consorcio del Azuay y la Empresa Pública de Vialidad con la participación de municipios y juntas parroquiales. Además, que disponga al Comité de Cogestión de La Josefina y otras instituciones del sector público que se destine el material pétreo de una segunda fase de estabilización del cerro Tamuga, entre otros requerimientos.

La ministra del ramo, Paola Carvajal, anunció que iba a trabajar en el pedido.

La tasa solidaria, según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), no es un requisito para la inscripción de los carros.

En tanto que el prefecto Paúl Carrasco subrayó que hay una clara intromisión en la decisión de los gobierno locales. Dijo que si se declara la emergencia vial en el Azuay exigirá la entrega de $ 500 millones.