Entre las autoridades de la Asamblea Nacional y algunos asambleístas ronda una pregunta desde ayer: ¿Cuáles son los derechos colectivos consagrados en el artículo 57 de la Constitución, que han sido violentados en el caso del juicio a diario El Universo, para que la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios  y la Interculturalidad avoque conocimiento de un conflicto entre particulares y  pida el comparecimiento a los representantes del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT)?

Esa Comisión es, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la encargada de procesar los proyectos de ley sobre asuntos relacionados con las nacionalidades indígenas y étnias en general; pero, como dice el  titular de la Asamblea, Fernando Cordero, “parecería que se quiere convertir en la comisión de fiscalización ad hoc”.

Para él, hay una tarea muy concreta de esa Comisión que Lourdes Tibán sabe perfectamente cuál es, pero ahora quisiera arrogarse funciones. Lo que sí demuestra esta acción es el poder mediático al que se someten los legisladores y confunden sus funciones.

“No tienen ninguna atribución legal para llamar al CJT”, señaló Cordero, tajantemente, y descartó la posibilidad de que el CAL asuma alguna medida sobre ese comportamiento de la Comisión.

A la sesión acudieron, entre otras personas, el editor general de la revista Vanguardia, Juan Carlos Calderón, y el director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep), Diego Cornejo, para apoyar las tesis de los directivos de El Universo.

Y es que al final de la “recepción” dada a los directivos de El Universo, esa Comisión decidió con cinco votos a favor (Lourdes Tibán, Marco Murillo, Luis Morales, Kléver Jiménez, César Rodríguez y Francisco Cisneros) llamar a los tres vocales del Consejo de la Judicatura   de  Transición (CJT) para que rindan su versión sobre las acusaciones que el abogado de diario El  Universo, Joffre Campaña, presentó ayer acerca del juicio que afronta el medio de comunicación.

En esa decisión no estuvieron presentes los asambleístas de PAIS y de la misma se ausentaron, antes de la votación, la  de Madera de Guerrero, Cynthia Viteri, y el de PSP, Galo Lara.

Fernando Cordero dijo que la acción de esta comisión demuestra lo que ellos critican: entrometerse en las tareas de otra función del Estado, al solicitar el proceso judicial. “¿Qué van a hacer con eso?”, preguntó.

La pregunta que se hace Cordero y los demás miembros del CAL, pertenecientes a la bancada de PAIS, apunta a averiguar cuál es la verdadera intención de Tibán: ¿Reemplazar a los jueces y asumir como un conflicto político de una entidad estatal o la de iniciar un show mediático a favor de ese diario y colocarse como la defensora política?
Luis Morales, del Prian, lo dejó entrever: “Esta Comisión es la esperanza para que los legisladores apoyemos la verdad, para que no se utilice la justicia”.

El tema central de la alocución del abogado Campaña es el mismo que ha descrito en todos los medios de comunicación en los últimos días. Es decir, el asesor legal cuestionó  la supuesta rapidez con la que el  ex juez Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas,  Juan  Paredes,   emitió el  dictamen acusatorio  en contra el ex editor de opinión, Emilio Palacio, y los directivos de El Universo, el 19 de julio pasado. “El proceso es espeluznante”, dijo.

El  cuestionamiento de  Campaña es que   la sentencia    no habría sido  redactada en la computadora del Juzgado ,  sino que fue copiada desde una memoria externa identificada como “Super (F)”. El  archivo  en mención tendría el nombre de “CORREA 457-2011.doc”, y el autor sería  un usuario llamado “Chucky-Seven”.

El abogado también criticó las sanciones impuestas a los jueces que autorizaron copiar la información de los discos duros solicitada por diario El Universo. Denunció la presunta intervención de  Fernando Yávar, vocal del CJT, quien  solicitó  una copia de la sentencia de Paredes,  según  consta en un documento suscrito por el técnico del Juzgado, Jaime Martínez.