El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría firmaron en junio un convenio sobre procedimientos ágiles y coordinados para el control de bienes o recursos públicos durante el período proselitista que vive el país. El contralor Carlos Pólit enfatizó que esa entidad supervisará que  no se usen bienes del Estado en los comicios. Sin embargo, el funcionario destacó que el control del gasto electoral es una potestad que recae en el CNE.

¿Qué alcance tiene el convenio que firmaron con el CNE?

Es un convenio coordinador de actividades entre la Contraloría y el CNE, cada una en el ámbito de sus atribuciones para tener un mejor control del uso de recursos públicos durante el tiempo de campaña.

¿El control implica la supervisión de recursos o tiende a evitar mal manejo de esos?

Son dos atribuciones diferentes: una es la del CNE, que tiene competencia directa sobre promoción electoral, y otra es la de la Contraloría,  que tiene facultad para examinar el control del uso de  los recursos públicos, incluidos los que se usan en campañas electorales; pero el ente rector durante los procesos electorales y que puede ordenar la cancelación de los  anuncios publicitarios o sancionar a los candidatos que incumplen es el CNE.

¿Cuánto se avanzó desde la firma de este convenio ya que uno de los puntos era establecer una Comisión de Coordinación entre las dos partes para determinar procedimientos comunes en cuanto al control de la utilización de bienes o recursos públicos en actos proselitistas?

Se han realizado capacitaciones al personal del CNE, en cuanto a control de recursos públicos. En cambio, los funcionarios de Contraloría se capacitaron sobre el control de gasto electoral (presupuesto público y privado de las organizaciones). El próximo viernes habrá un nuevo evento de capacitación dirigido a los  funcionarios del CNE.

¿Hasta dónde llega la potestad de la Contraloría en cuanto al control de los recursos públicos en época electoral?

La Contraloría -de acuerdo a la Constitución- tiene la potestad -todo el tiempo- de controlar el manejo de los recursos públicos. Supervisamos que estos sean utilizados para fines públicos, desde luego esto no implica campañas electorales. En pocos días saldrá un spot publicitario de la Contraloría, en donde explicaremos qué se entiende por manejo de recursos públicos y qué está prohibido. Queremos motivar a la ciudadanía a que denuncie en el caso de que observe el uso indebido de vehículos estatales, oficinas e instituciones en mítines políticos o en campañas en general. El CNE, en cambio, lo que debe realizar es controlar el gasto y la publicidad electoral, así como la actuación de los sujetos políticos en  la campaña.

¿El CNE es el ente sancionador?

Por ejemplo, si se utiliza publicidad que no está autorizada o se supera el monto del gasto electoral, ese es un tema que le compete exclusivamente al Consejo Nacional Electoral.

¿Cómo controlan ustedes que no haya un mal uso de los recursos públicos en tiempo electoral?

A través de auditorías y exámenes especiales. Nosotros permanentemente realizamos auditorías a las distintas entidades públicas, ahí se verifica la utilización de gastos de publicidad y se observa que estos no hayan sido utilizados en promoción personal, dentro de los márgenes que nos permite la ley.

¿El control se realiza con base a la declaración de  los gastos del  presupuesto que tiene cada una de las organizaciones públicas para publicidad?

Nosotros permanentemente analizamos a todas las organizaciones públicas y en ello revisamos la publicidad -entre otros tópicos-, no solamente durante la campaña sino de manera permanente hacemos ese trabajo. De hecho, sobre la campaña, a quien le corresponde ver que no se cometan  excesos en el gasto  electoral y que un funcionario cumpla con las prohibiciones que la ley manda -el Código de la Democracia- es el CNE. Nosotros nos encontramos auditando el control del uso de recursos públicos, permanentemente en elecciones o al margen de ello. Esa es nuestra potestad.

¿En qué radica entonces el aporte en la época electoral?

El aporte es que sí el CNE detecta alguna infracción que va más allá de su competencia e implica mal utilización de recursos públicos -más allá de lo que es gasto de campaña- será puesto a órdenes de la Contraloría, para que nosotros actuemos y sancionemos si se cumple alguna inobservancia. La Contraloría, durante la campaña, estará atenta, y si detecta que se realiza una posible infracción electoral comunicará del particular al CNE, para que este lo remita al Tribunal Contencioso Electoral, que es quien puede  juzgar. Se busca que las dos organizaciones -teniendo clara la competencia-, si detectan algún problema, lo hagan conocer a la otra institución y actúen conforme a sus atribuciones.

¿Hasta el momento han encontrado alguna anomalía?

No hemos comunicado ninguna anomalía, pero recordemos que el proceso de campaña no arranca, empieza en enero.

¿Hay control en el período de precampaña electoral?

Insisto, estamos realizando el trabajo común y permanente que lo hacemos siempre, como son las auditorías a las entidades públicas y el control del uso de los recursos públicos como vehículos estatales, oficinas, etc. No podemos ir más allá de la ley, que no establece límites en publicidad de las organizaciones públicas. La ley señala prohibiciones específicas, pero no precisa márgenes o cantidades del presupuesto que se destinen a informar o promocionar las actividades que realizan cada una de las entidades. Desde luego, esto es un punto ético de cada autoridad.

¿Luego de los comicios de febrero, la Contraloría emitirá algún informe?

Siempre realizamos un informe, en todos los casos, no solo en los relacionados con los procesos electorales. Van recomendaciones y sugerencias. La Contraloría realiza exámenes al CNE, en donde se analizará incluso su  actuación, presupuestos, atribuciones y si cumplió con el control de gasto electoral.

¿Cuáles son las sanciones para quienes incumplan?

En el caso de mal uso de recursos públicos se puede sancionar administrativamente al funcionario, en donde se podría establecer una responsabilidad civil, que no es más que una obligación de indemnizar el mal uso de fondos públicos, y en los casos más graves pueden aplicarse indicios de responsabilidad penal.