La Contraloría General del Estado empezó a abrir expedientes en contra de diferentes organizaciones públicas por el uso de bienes con fines electorales. La entidad, a través de la línea telefónica 1800-Eticos, recibió 22 denuncias, de ellas la mayoría se concentró en Guayaquil.

Las quejas se recibieron por supuestos usos de vehículos, de bienes y locales de entidades públicas para reuniones políticas, así como participación de servidores públicos.

El contralor Carlos Pólit informó que una vez que se receptan las quejas se envían a la Dirección de Auditoría, las delegaciones provinciales o las Unidades de Auditoría Interna de las entidades, con el fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

En la matriz, la Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana verifica preliminarmente las denuncias, con el fin de determinar si amerita o no una acción de control. Además, la entidad coordina con las diferentes entidades involucradas con el control del gasto electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

La Contraloría también solicitó a la Comandancia General de la Policía que instruya al personal a su cargo sobre la obligación de que todo automotor que circule por el país debe portar placas de identificación, lo que permitirá verificar, por ejemplo, si se trata o no de vehículos del Estado.

El funcionario enfatizó que los auditores pueden demorarse hasta tres días laborables para emitir el informe, pero que todo depende de la ubicación de la entidad relacionada con los hechos denunciados, a la cual deben trasladarse los auditores para la verificación respectiva y poder así presentar el informe.

Trámite formal 

De las 22 denuncias, doce fueron tramitadas y enviadas a las diferentes unidades de control, y están en proceso de verificación. Respecto de una denuncia en particular, Pólit detalló que personal de la Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana determinó que no amerita una acción de control.

Dos denuncias, en cambio, fueron enviadas a la Directora de Fiscalización del Financiamiento Político del Consejo Nacional Electoral por tratarse, en general, de publicidad electoral, que es de competencia del CNE.

Otras dos, en cambio, fueron archivadas por falta de precisión, lo que ha impedido una verificación. Mientras que cinco se encuentran en trámite para determinar el procedimiento a seguir.

Pólit contó que la verificación preliminar consiste en el proceso de recopilación de información y constatación de hechos o denuncias, con el fin de determinar si amerita o no alguna medida.

Dicho proceso se realiza con la concurrencia de los auditores de la institución involucrada en la denuncia. Esto -dijo el funcionario- sin perjuicio de que el organismo ya haya adoptado los correctivos. Las inspecciones realizadas por los auditores son diarias.

El funcionario detalló que una vez que se emiten los informes de auditoría, estos son enviados a las máximas autoridades de las entidades auditadas, para el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones respectivas.

En el caso de existir responsabilidades administrativas y/o civiles, a la propia Contraloría le corresponde determinar, “respetando el debido proceso, si son infracciones electorales, que se remiten al CNE”, aludió el contralor.

Sanciones de Contraloría

Pólit indicó que de evidenciarse hechos que impliquen el uso arbitrario de bienes públicos, esto da lugar a las sanciones administrativas y civiles, que van desde la multa hasta la destitución, en caso de las administrativas; y que el funcionario podría ser obligado a pagar una indemnización por el perjuicio económico ocasionado a las instituciones del Estado, en el caso de las civiles.

El Contralor informó que dentro de las denuncias recibidas en la línea telefónica 1800-Eticos se encuentran quejas sobre la participación de servidores públicos en actividades proselitistas, las que al momento son analizadas.

“Una vez terminados los procesos de investigación se adoptarán, de ser el caso, las acciones que correspondan”, precisó, sin atreverse a indicar cuáles son las instituciones que están sujetas a investigación por, presuntamente, infringir la ley.

Entidades públicas

Domingo Paredes, presidente del CNE, manifestó que el movimiento CREO presentó en la Contraloría una denuncia sobre un presunto uso de fondos públicos, pero no entregó las pruebas al CNE, “por desconfianza del señor (César) Monge”, quien es el director. Indicó que la Contraloría remitirá el expediente al CNE para que a través de las unidades técnicas lo analice.

Acotó que se recibieron denuncias por uso de fondos públicos y que a través de los monitoreos que realizan, analizan cada caso en referencia a los medios que violen la equidad. Indicó que sobre el tema del uso de bienes públicos es la Contraloría la que debe pronunciarse, “al CNE solo le corresponde velar por el uso de los fondos públicos desde el punto de vista de promoción electoral”.

En cuanto a la Cancillería y las embajadas, el canciller Ricardo Patiño rechazó una eventual alusión, más bien aclaró que lo único que han hecho es motivar a los ciudadanos residentes en otros países a que participen, con información acerca del voto en el exterior.

LOS COMENTARIOS DE CANDIDATO ZAVALA, BAJO LA LUPA DEL CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) analizará la próxima semana las declaraciones presuntamente homofóbicas del candidato presidencial por el PRE, Nelson Zavala. La consejera Nubia Villacís sostuvo que el informe del departamento de fiscalización pasará al Pleno. “Nuestras resoluciones tienen que ser debidamente motivadas en forma técnica. Una vez que leamos el informe, respecto al caso, ya sabrán todos la resolución”.

El viernes pasado el órgano electoral se pronunció pidiendo a los candidatos que no den opiniones que induzcan a la violencia, al sexismo, la intolerancia o en contra de los derechos humanos. Zavala manifestó que no la acatará y en un medio de comunicación televisivo dijo que “ser homosexual es un acto de inmoralidad”.

Del 6 al 9 de febrero en Quito, Guayaquil, Manta y Ambato, el CNE realizará el Festival de la Democracia, como una estrategia para motivar el voto entre los jóvenes. 554.888 ciudadanos que van de 16 a 17 años de edad están habilitados para ejercer este derecho.