La Comisión de Régimen Económico y Tributario, en la votación del primer informe del proyecto de Ley de Redistribución Social, inscribió dos transitorias a la iniciativa legal enviada por el Ejecutivo hace dos semanas.

En las dos disposiciones se determina que en un plazo de 90 días, luego de ser aprobada la norma, los ministerios involucrados en amparar el Bono de Desarrollo Humano (BDH), así como el Servicio de Rentas Internas (SRI), presentarán informes sobre su productividad y la carga fiscal a las empresas más grandes del país.

La primera transitoria dispone: “El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en un plazo de 90 días de publicada en el Registro Oficial la ley, informará a la Comisión del Régimen Económico y Tributario, con respecto al cumplimiento de las medidas  de promoción concentradas en el artículo 137 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del sector financiero Popular y Solidario”.

Ese numeral está compuesto por nueve incisos que, en resumen, ordenan la implementación de planes y programas, destinados a promover, capacitar, brindar asistencia técnica y asesoría en producción y, además, impulsar el fortalecimiento de la integración económica de personas de escasos recursos.

La segunda transitoria estipula que el SRI, en un plazo de 90 días, informará a la Comisión del Régimen Económico y Tributario, la carga tributaria de los 100 grupos económicos más grandes del país. “Pedimos esta rendición de cuentas para que esta comisión conozca cuánto se ha trabajado por la asociatividad de los sectores del país que son parte de la economía popular y solidaria. Queremos saber cuánto ha estimulado la economía solidaria este proyecto de gobierno, sobre todo en los beneficiarios del BDH”, explicó Francisco Velasco, presidente de la comisión.

El proyecto de ley no tuvo, por parte de la comisión, cambios en su primer borrador. Las propuestas de transitorias se acogieron por pedido del asambleísta Ramiro Terán, del Movimiento Popular Democrático (MPD).

El proyecto es analizado por los asambleístas y por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, para debatirlo mañana en el pleno del organismo.

El Legislativo tiene hasta el 24 de noviembre para aprobar o negar el proyecto, en caso contrario entrará en vigencia por el ministerio de la ley.

El proyecto de Redistribución de Gasto Social pretende incrementar el BDH de $ 35 a $ 50, que será financiado por el cobro de tributos a las utilidades de la banca privada.