Los gobiernos de Ecuador y Colombia pusieron fin al contencioso sobre las fumigaciones con glifosato en la frontera norte. Ambos gobiernos firmaron un convenio con el que se da por finiquitado el proceso entablado por Quito en la Corte Internacional de La Haya.      

Así lo informó ayer la Procuraduría General del Estado ecuatoriano, versión que fue ratificada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.    

Con el acuerdo, el procurador ecuatoriano, Diego García Carrión, informó al tribunal supranacional el desistimiento del trámite jurídico.

Ecuador presentó en 2008 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, por las fumigaciones que  hizo Colombia en su  territorio, pero que con el viento cruzaban la frontera. Quito lo  consideró una violación a su soberanía por la afectación causada a cultivos y a la salud de los habitantes.   

A través del acuerdo, los gobiernos de Ecuador y Colombia ratificaron su intención de construir una agenda positiva que permita el desarrollo sostenible de la población de la zona de frontera, dentro del nuevo marco que impulsa las relaciones entre los dos países, inspirados en la solidaridad y la cooperación.

Bogotá se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que sus labores de erradicación de cultivos ilícitos puedan afectar a Ecuador. Por ello estableció una zona de exclusión de 10 kilómetros contados desde la línea divisoria, la cual se podrá reducir única y exclusivamente en caso de que se demuestre que las aspersiones no hayan alcanzado territorio ecuatoriano.

Adicionalmente, el acuerdo incluye limitaciones  de altura, velocidad, condiciones climáticas, horarios, así como ingredientes y concentración de la fórmula utilizada en las aspersiones.    

También se previeron mecanismos de control y verificación sobre el cumplimiento de los límites y protocolos de fumigación, de manera que garanticen a Ecuador el respeto del acuerdo.   

Otro punto contemplado es que Colombia entregue una contribución económica orientada al desarrollo social y económico de la frontera norte del país, particularmente en las zonas afectadas por las aspersiones aéreas.

Reacción colombiana

Desde Bogotá, Santos destacó que “es una buena noticia para nuestra diplomacia, para Colombia y una muy buena noticia para nuestras relaciones con Ecuador y nuestras relaciones con la región. Entre menos pleitos tengamos, mejores serán las relaciones. Y hemos seguido nuestra filosofía: todo se puede solucionar mejor a través del diálogo”.

Santos agradeció a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, por su buena disposición. “Quería también agradecerle al presidente Correa, lo hice vía telefónica, por su buena disposición y buena voluntad para que lográramos lo que hoy estamos protocolizando”, comentó.

“Creo que con el acto de hoy (ayer) no tenemos ningún pleito ante la Corte y esperamos no tener más pleitos en el futuro”, puntualizó el mandatario. Eso en referencia a que recientemente Colombia perdió una demanda, ante el mismo tribunal, contra Nicaragua, lo que significó la pérdida de mar territorial.

De no darse el acuerdo estaba programada en La Haya una audiencia oral desde el 30 de septiembre hasta el 18 de octubre.

TRES PASOS ILEGALES FUERON DESTRUIDOS

Más de un centenar de militares del Grupo Operacional Norte (GON), desplegados en cuatro puntos de la frontera con Colombia, se desplazaron la noche del miércoles para cumplir con uno de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Tulcán, realizada en diciembre de 2012 entre los presidentes Rafael  Correa y Juan Manuel Santos.

Los uniformados llegaron hasta la misma línea de frontera para destruir tres de los 44 pasos ilegales existentes en los 783 kilómetros de frontera norte. Se trata de los accesos Frailejón – La Pintada, Calle Larga, Cerro Troya y Angasmayo,  ubicados en la jurisdicción de Carchi.

El operativo tuvo un 75% de éxito, pues solo lograron destruir los tres primeros pasos ilegales, a pesar del rechazo y las protestas de los moradores de aquellos sectores. Pero el puente de Angasmayo, que une a las poblaciones ecuatorianas de Tufiño y Chapuel con la localidad colombiana de Carlosama, no pudo ser demolido por los militares.

Los habitantes del sector, con machetes en mano y otros incluso armados, lo impidieron. El general de brigada, Fernando Proaño, comandante del GON, aseguró que la medida es parte de una estrategia binacional para combatir el tráfico de drogas y el contrabando de combustibles.

La responsabilidad del Estado ecuatoriano es demoler 7 de ellos. Mientras que las FF.AA. de Colombia deben inhabilitar 5, explicó el oficial.