Ciento trece militares fueron   sancionado   de acuerdo al Reglamento de Disciplina Militar  tras determinar que hubo 108  faltas  graves y cinco leves durante la jornada del 30 de septiembre del 2010, cuando ocurrió la insubordinación policial y la toma militar  de la pista de la base aérea  Mariscal Sucre de Quito por parte de miembros de la Fuerza Aérea.

Ante lo ocurrido, los miembros  del  Tribunal de Disciplina de las Fuerzas Armadas  explicaron que  no existe una figura que  literalmente plantee sanciones por “sublevación y toma de la pista aérea”, por lo cual era ilógico juzgar un acto no tipificado en la ley.

Lo que  hicieron fue ajustar  los sucesos de acuerdo al reglamento que rige únicamente dentro del ámbito militar, sin excluir a los llamados que pueda realizar contra ellos la justicia ordinaria (Fiscalía o Contraloría).
El 30 de septiembre, a partir de  las 09:00, un grupo de miembros de la FAE  se tomó la pista del aeropuerto, en la parte noroccidental, por lo cual se paralizaron   las operaciones  hasta las 19:27.

Fueron cancelados 124 vuelos nacionales (62 de llegada y 62 de salida), así como otros  40 vuelos internacionales. Tres se reprogramaron y dos sufrieron retrasos.

Los ingresos que dejaron de percibir el Estado ecuatoriano y la operadora por falta de operaciones, asciende a 44.622,52 dólares correspondientes a Derechos por servicios aeroportuarios, facilidades aeronáuticas y utilización de la infraestructura.

Ante un pedido de la Contraloría, el 7 octubre de 2010, el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana presentó la nómina de 152 personas identificadas en los acontecimiento del 30-S en la Base Aérea;  sin embargo, en la lista se detectó que había dos militares en servicio pasivo, un militar con nombre duplicado, otro que ese día se encontraba en Manta y cinco personas que no constan en las certificaciones.

Desde  la justicia civil, ciento treinta y ocho  militares  de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que participaron en la toma de la Base Aérea fueron llamados  por la Contraloría General del Estado. Según el titular del organismo, Carlos Pólit, la idea   fue  determinar el posible uso de bienes o perjuicios económicos que  hubieren ocasionado al Estado, ese día.

a ministra de Coordinación Política, Doris Soliz, recordó que se conocía el malestar que había en las filas militares y policiales  por  la aprobación de la  Ley de Servicio Público, pero no   de las intenciones de conspirar.

Al respecto, la funcionaria añadió que  en el frente político entendían que existía malestar  de los servidores públicos, como médicos, enfermeras, pero creían que los agentes del orden conocían  que con la Ley de Servicio Público se hacía lo mejor para ellos.

Luis Hernández, ex asambleísta de Montecristi y militar retirado, aseguró que las sanciones administrativas  responden a un proceso claro. “Los militares deben ser personas de honor, saben que  cuando cometen una falta están expuestos a las sanciones; ellos tenían claro  que abandonar sus puestos de trabajo,   incluso ingresar a la pista de la Base Aérea,  no era lo correcto y deben aceptar las consecuencias”, dijo.

Hernández añadió que “ellos tienen que aceptarlo, pues en la vida militar no se pueden dejar pasar las faltas; muchos de ellos tendrán sus subordinados y su  hoja debe ser limpia”.

Los uniformados que recibieron sanciones  advirtieron que  varios de ellos no debieron ser castigados porque su intención no fue abandonar su puesto de trabajo  y  no formaron parte de los hechos de paralización de los servicios públicos, como se los acusa.

Juan, un militar    que prefirió  mantener su nombre en reserva, aseguró que las sanciones administrativas aplicadas, entre ellas el arresto de rigor, perjudicará su carrera, puesto que el hecho repercute en sus notas, en su conducta,   incluso en la posibilidad de recibir cursos de ascenso.