Mientras no se resuelvan los pedidos de excusas o posteriores recusaciones contra cinco de los nueve jueces que participan en el proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional (CC), este organismo no podrá analizar el informe elaborado por el juez Alfonso Luz Yunes sobre los cinco pedidos de inconstitucionalidad al Código de la Democracia.

Esa fue la resolución que por unanimidad aprobó el pleno de la CC luego de someter a votación la moción presentada por la jueza Ruth Seni, quien junto a Patricio Pazmiño, Roberto Bhrunis, Manuel Viteri y Édgar Zárate (presidente encargado de la CC) son candidatos a la nueva Corte Constitucional, en representación del Ejecutivo.

La sala de sesiones del pleno, ubicada en el décimo piso del edificio de la Corte, en Quito, resultó pequeña para dar cabida no solo a los periodistas sino a los representantes de las organizaciones políticas como el MPD y el PRE, y a los delegados de la Unión Nacional de Periodistas (UNP).

El MPD, junto a otros actores políticos, presentó el 13 de junio la demanda de recusación en contra de los jueces. Mientras la UNP solicitó -en su momento- medidas cautelares a la Ley Electoral.

Luis Villacís explicó que la Corte, en concordancia con la Ley de Garantías Constitucionales, tenía tres días para evacuar el pedido de recusación y que la decisión adoptada por el organismo es adecuada porque se debe continuar con el debido proceso.

Similar actitud mantuvo Santiago Guarderas, representante legal de la UNP, quien añadió a los medios de comunicación que las medidas cautelares están vigentes porque la Corte no notificó sobre su resolución de levantarlas.

Pero, para Zárate esas medidas ya fueron levantadas, porque así lo estableció el pleno de la CC. En una sesión incidentada, en la que se enfrentaron verbalmente el asambleísta Abdalá Bucaram Pulley (PRE) y el magistrado Viteri, a quien lo acusó de “traidor” y “vendido”, Seni sugirió continuar con el debido proceso y mocionó que primero se analicen las excusas y recusaciones antes de entrar de lleno a revisar el informe de Luz Yunes.

Este criterio fue respaldado por la magistrada Nina Pacari, quien propuso además que se analicen también los pedidos de revocatoria sobre medidas cautelares a la Ley Electoral y que se reconozca al Tribunal Contencioso Electoral como el ente encargado de administrar la  justicia electoral.

Zárate notificó a cada uno de los jueces implicados y les concedió 48 horas término para que respondan. La próxima semana se efectuará una sesión extraordinaria para abordar el tema.

En tanto el informe de Luz Yunes sobre los artículos 164, 203 y 207 del Código de la Democracia que habrían sido declarados inconstitucionales serán tratados luego de que se evacúen estos temas.

El artículo 164 propone el método D’Hondt para la asignación de escaños a los asambleístas provinciales y el Webster para los nacionales; el 203 busca regular la incidencia de los medios en los procesos electorales; y el 207 establece las licencias para las autoridades que quieren ir por una reelección.