En medio de un centenar de personas y a más de tres mil metros de altura, la tarde del pasado jueves, el Gobierno Comunitario de Tocagón (Otavalo) castigó a Rosa María Aguilar Perugachi, de 24 años.

La mujer, que trabajaba como madre comunitaria en el Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) Nueva Semilla de Tocagón, era acusada por la justicia ordinaria del homicidio inintencionado de Sayri Ulcuango, un menor de 15 meses, que  asistía diariamente a la mencionada guardería y que el 28 de septiembre pasado se ahogó en un recipiente que contenía agua con cloro.

Aquel día, Aguilar, encargada de cuidar a los niños de menos edad, salió al patio del CIBV con varios de ellos. “Ella no se dio cuenta de que Sayri aún estaba dentro del aula. Fue en ese momento que el guagua (niño) se ahogó en un balde”, explicó Rosa Quilumbaquí, prima del menor fallecido. Por ello, los padres del menor habían acusado formalmente, ante la Fiscalía de Otavalo, como la culpable de la tragedia a Aguilar, quien se fugó tras el suceso.

El caso era tratado por la justicia ordinaria. Sin embargo, el 28 de noviembre el Juzgado Tercero de lo Penal de Otavalo declinó su competencia y la transfirió a la justicia ancestral o indígena. Con los pies descalzos, vistiendo una camiseta blanca y un calentador negro, la acusada arribó hasta los tanques de reserva de agua Larka Pamba, donde se practicaría, por segunda vez en menos de una semana, un baño ritual a una persona involucrada en la muerte de otra.

En el piso había un manto rojo. Sobre él, las autoridades jurisdiccionales habían colocado frutas, pan, galletas, mote,   incluso caramelos como ofrenda a la Pacha Mama (Madre Tierra), requisitos indispensables, según la cosmovisión indígena, para realizar un acto sagrado de purificación.

Los seis grados centígrados de temperatura no fueron impedimento para que el castigo se inicie  con un baño de agua helada. Enseguida vinieron los golpes con las ramas de ortiga y la purificación terminó. Rosa María tomó una toalla de manos de su madre y se marchó del lugar. Había cumplido parte del castigo impuesto por la comunidad.

Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI), informó que además del baño ritual, Aguilar deberá pagar una multa económica a los familiares de Sayri. “Tiene que reembolsar los gastos del funeral del menor ahogado”, dijo la dirigente.

Asimismo, explicó que la asamblea de Tocagón dispuso que realice trabajos comunitarios. “Las autoridades supervisarán que Aguilar realice por un año la limpieza del CIBV donde sucedieron los hechos y de la casa comunal.

Durante seis meses deberá reforestar los páramos de la localidad que se incendiaron en el verano pasado y tendrá que dar mantenimiento al espacio donde estarán ubicados los petroglifos encontrados en la comunidad por 90 días.

Sebastián Ulcuango, padre de Sayri, con lágrimas en sus ojos, dijo que él no estaba de acuerdo con la declinación de competencias. “Yo quería que la culpable de la muerte de mi hijo se quede en la cárcel”, exclamó.

El padre, quien veía con indiferencia el baño ritual, comentó que las autoridades de la comunidad de Tocagón le insistieron para que acepte la transición de la justicia ordinaria a la ancestral. “Todos somos pueblo y alguna vez yo necesitaré de la comunidad, por eso acepté; pero ahora temo por mi vida y la de mi familia ya que he recibido amenazas”, manifestó el hombre mostrando su congoja. (CAT)