El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, informó este lunes sobre el avance de las investigaciones en el caso Restrepo y dio a conocer un informe preliminar de las exhumaciones realizadas desde el pasado 2 de diciembre en el cementerio de El Batán, en Quito.

Explicó que hasta el momento se han realizado tres excavaciones y se han encontrado tres osamentas completas y restos de un maxilar y de un cráneo, que serán sometidos a pruebas antropológicas para determinar el sexo, la edad y talla.

"El trabajo antropológico va a determinar qué naturaleza sexual tienen, si es hombre o mujer, a quiénes correspondían esas osamentas, la talla, el estado de conservación, es una primera aproximación que nos va a ubicar de forma general sobre esas osamentas", manifestó el funcionario en rueda de prensa.

También se analizarán documentos y se investigarán manuscritos mecanografiados, que se relacionan con la identificación de nuevos sujetos para la investigación.

Chiriboga indicó que las investigaciones están avanzando pero que no se debería generar "expectativas desmesuradas" al respecto. "Sino sometenernos o sujetarnos a lo que la ciencia y la técnica forense nos va a dar (...), luego compararemos revisando otros archivos, quiénes fueron, qué huellas se tomaron, qué protocolos de autopsia se establecieron", acotó.

Añadió que dependiendo de los resultados se procedería con pruebas de ADN para compararlos con el padre de los hermanos Restrepo.

"Si en esta primera fase establecemos que estos restos humanos corresponde al sexo masculino, si la edad más o menos se aproxima a la edad de los menores que estamos investigando, pasaremos a una segunda fase", puntualizó.

Mientras los trabajos de excavaciones en el cementerio continuarán. Los resultados de los análisis médico-forenses estarían listos en 40 días.

El caso de los hermanos Restrepo ha sido juzgado como un crimen de Estado, ocurrido durante el Gobierno del presidente León Febres Cordero (1984-1988), ya fallecido.

Los jóvenes desaparecieron el 8 de enero de 1988 y, según investigaciones posteriores, presuntamente fueron encarcelados sin fundamento legal, torturados y asesinados por agentes del ya desaparecido Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la Policía.